En vísperas de la celebración del paro de 24 horas convocado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), varias legislaturas municipales alrededor de la isla han expresado su apoyo en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Las legislaturas de Rincón (PPD), Humacao (compartido PNP/PPD), Loíza (PPD), Vega Baja (PPD), y Comerío (PPD) aprobaron resoluciones repudiando el contrato otorgado a Luma Energy, y apoyando que tanto la Cámara de Representantes como el Senado investigasen la contratación de la privatizadora. Se anticipa que al cabo de 15 años esta contratación haya costado $1,500 millones y encarecido aún más el costo dec la electricidad en Puerto Rico. La iniciativa para expresar rechazo al contrato de LUMA ha sido promovida por las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en los 24 municipios donde tienen representación legislativa.
La primera legislatura municipal en oponerse a la privatización fue la de Vega Baja (PPD), según indicó Edwin Marrero Santiago, el delegado de MVC en dicho municipio. En Humacao, el apoyo de los legisladores municipales a la medida fue unánime, “dando cátedra de cómo las delegaciones de todos los partidos antepusieron al país por encima de sus partidos”, según Ana E. Ponce Rosa, legisladora por el MVC. Añadió que “todos los legisladores de Humacao entendieron que el asunto de la privatización era algo que perjudicaba a todos los puertorriqueños independientemente del partido político al que pertenecían”. En Humacao, legislatura municipal es PNP y el alcalde es PPD. En el caso de Comerío, el legislador del MVC Carmelo Pérez Vega, indicó que la medida se aprobó con todos los votos de la delegación popular a favor y la abstención de la del PNP.
En Aguadilla, la discusión de la medida provocó un intenso debate entre los miembros de la delegación PNP. Según Edwin Cornier, legislador municipal del MVC, la medida cuenta con los votos de la delegación popular y el compromiso de dos legisladores del PNP, incluyendo al presidente de la Legislatura Municipal. Cornier anticipa que la resolución será aprobada en la próxima sesión luego de una enmienda sometida.
Las legislaturas municipales que se han negado a dar el apoyo en contra de la privatización han sido Cataño y Aibonito, ambas dominadas por el PNP. En Cataño, la legislatura “se opuso sin sonrojarse”, según Aramis Fernández, legislador del MVC de este pueblo, quien añadió que “son el modelo de legislatura que actúa como un sello de goma del alcalde”. En el caso de Aibonito, la mayoría PNP determinó que el gobernador Pedro Pierluisi ya estaba atendiendo el asunto y no era pertinente al municipio, a pesar de la insistencia de Alejandro López, legislador del MVC, de que “lo menos que podían hacer era expresar el sentir de los 25,000 aiboniteños cuya factura de electricidad será aumentada”.
El contrato de Luma ha generado controversia en un sector amplio de la población. De acuerdo a la UTIER, este fue negociado sin participación ciudadana ni medidas de transparencia. En un análisis realizado por entidades locales e internacionales se determinó que el contrato está en contra de los intereses de los puertorriqueños, lo cual invalida la razón original por la cual se inició un proceso de privatización.
Durante su campaña electoral, el gobernador Pedro Pierluissi asumió una postura en contra del contrato, pero su posición actual es que el contrato debe proceder y se llevará a término.
De acuerdo al contrato de la privatizadora, Luma asumirá las riendas de la AEE el próximo 1 de junio, cuando vence el periodo de transición que ya le ha costado al erario $101 millones. En vistas recientes de la Cámara de Representantes, se encontró que tan pronto como el 1 de junio, el consorcio de Luma puede recurrir al Negociado de Energía a solicitar un aumento tarifario.
El paro de la UTIER comenzará el lunes, 5 de abril, a las 10:00 p.m., y se extenderá por 24 horas. Durante el paro, la matrícula de la entidad celebrará una asamblea general donde podría aprobarse un voto de huelga en rechazo al contrato de privatización.
El MVC sometió la resolución en contra de la privatización en 17 otras legislaturas municipales donde aún están pendientes de ser presentadas en sesión. La radicación de la resolución es parte de una iniciativa de la Conferencia de Legisladores Municipales del MVC, un cuerpo colegiado independiente que agrupa al grupo de con los más estrictos principios éticos y de profesionalismo en pro de la excelencia de la gobernanza municipal.
