Ya ha pasado más de un año del inicio de la pandemia del coronavirus, tiempo en el que el gobierno estadounidense ha repartido cheques de estímulo para combatir la crisis económica y laboral causada por la pandemia. Sin embargo, pese a los apoyos económicos que se han entregado, millones de estadounidenses continúan enfrentando dificultades económicas.
Es por ello que algunos legisladores buscan presionar a la Casa Blanca para que se reparta un cuarto cheque de estímulo.
Más de 50 miembros de la Cámara de Representantes y 21 miembros del Senado solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considerar en los proyectos de alivio económico la repartición de pagos recurrentes en efectivo. Esto podría revivir la propuesta de legisladores californianos que plantea el envío de cheques mensuales de hasta 5,500 dólares.
En abril de 2020, Ro Khanna, representante de Silicon Valley, realizó junto con Tim Ryan una propuesta que incluía la repartición de cheques mensuales de hasta $5,500 dólares.
La iniciativa “Ley de Dinero de Emergencia para la Población” (Emergency Money for the People Act) proponía pagos mensuales de $2,000 dólares para los ciudadanos mayores de 16 años con ingresos anuales de hasta $130,000 dólares.
Para las parejas casadas con ingresos anuales menores a $260,000 dólares, el monto se duplicaría a 4,000 dólares con la posibilidad de recibir 500 dólares adicionales por cada dependiente menor de edad. El límite para el apoyo adicional por dependiente sería de 1,500 dólares, dando un total de $5,500.
Aunque la idea de un cuarto cheque de estímulo puede parecer lejana, la propuesta crece en popularidad entre los votantes republicanos y demócratas.
Por otra parte, en la carta que los más de 50 miembros de la Cámara de Representantes enviaron al presidente Biden se pide que, en caso de que haya un cuarto paquete de estímulo, se repartan cheques recurrentes de $2,000 dólares.
Dentro de las exigencias presentadas en la carta se establece que se debe dar prioridad a las familias más necesitadas, así como incluir a los trabajadores inmigrantes, refugiados y sus familiares. Además, deben ser incluidos los dependientes mayores de edad y personas discapacitadas.