Las mujeres trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), junto a mujeres solidarias, estamos aquí frente a los portones del Edificio Central de la AEE, en pie de lucha, defendiendo nuestros empleos y los derechos conquistados a lo largo de 79 años. Estamos defendiendo nuestra casa del invasor LUMA Energy, compañía extranjera a la que le han otorgado un contrato billonario, quien, con la anuencia de Pierluisi y la Junta de Control Fiscal (JCF). El objetivo es apoderarse de la agencia, despedir a miles de trabajadoras y trabajadores que le han dedicado décadas de esfuerzo y conocimiento a la AEE, además de eliminar de un golpe todos los derechos adquiridos a través de la negociación colectiva.
El regalo del Día de las Madres que recibimos las Trabajadoras de la Energía en Puerto Rico por parte del Gobierno abusador y la Gerencia de la AEE son los despidos masivos y traslados a lugares y funciones para los cuales no fuimos contratadas. Pues en la AEE trabajamos cientos de mujeres, la mayoría madres trabajadoras y muchas de ellas madres solteras cuyo único ingreso familiar es el de la AEE. Somos mujeres trabajadoras que en estos momentos tenemos nuestra subsistencia amenazada, a punto de sumarnos a las estadísticas del desempleo y la pobreza de nuestro país. Somos muchas madres trabajadoras con hijos/as con condiciones de salud, con diversidad funcional, algunos encamados, que requieren cuidados especiales y que sólo pueden costearse con un plan médico adecuado.
Este Contrato con LUMA es MALO, es NEFASTO, para todos los trabajadores de la AEE en general, máxime para las trabajadoras de la AEE en particular. Los y las trabajadoras de las distintas unidades apropiadas quedan en un limbo perdiendo todos los beneficios adquiridos: salario, plan médico, pensión, estabilidad de empleo.
- Los y las trabajadoras de las distintas unidades apropiadas quedan en un limbo perdiendo todos los beneficios adquiridos: salario, plan médico, pensión, estabilidad de empleo.
- Los y las trabajadoras que se niegan a trabajar con LUMA están recibiendo cartas de traslado a dependencias del gobierno que no existen, y si existen, están muy lejos de la residencia, lo cual significa en la práctica un despido, violentando así nuestro derecho constitucional a elegir empleo.
- Están enviando a trabajadores y trabajadoras a desempeñar funciones en otras agencias para lo cual no tienen preparación ni experiencia. Un ejemplo es el de la única celadora de 15 años de experiencia que la envían a hacer trabajo de mensajera.
- Los/las que se queden a trabajar con LUMA empiezan de cero (0), con la empresa privada, sin estabilidad de empleo y sin los beneficios previamente adquiridos.
- El retiro de 12 a 13 mil jubilados se verá seriamente afectado ya que LUMA no va a aportar a un sistema de retiro gubernamental ni tampoco va a pagar la deuda acumulada a ese Sistema de Retiro cuando el nefasto gobierno de Ricardo Rosselló dejó de hacer los pagos.
Todo el cuadro que describimos es Violencia Institucional del Estado. Cuando hablamos de violencia institucional nos referimos a las acciones u omisiones del Estado que afectan nuestros derechos humanos como son: derecho al trabajo, derecho a una remuneración que nos proporcione a nosotras y a nuestras familias un nivel de calidad de vida donde se incluye la salud, la vivienda, la alimentación, la asistencia médica y la seguridad social. Todos estos derechos humanos están siendo amenazados y todos los derechos conquistados a través de la negociación colectiva igualmente quedan en el limbo. El estado, es decir el gobierno, nos está llevando a un nivel de incertidumbre que altera y violenta nuestro diario vivir, nuestra paz.
El Contrato de LUMA es un atraco al País auspiciado por el Gobierno y la Junta de Control Fiscal.
Este Contrato, para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la AEE, fue firmado el 22 de junio de 2020 por la exgobernadora no electa Wanda Vázquez Garced, durante la Pandemia, en un proceso tras bastidores a toda prisa sin vistas públicas, sin consulta a los afectados, después de una reunión de 43 minutos donde ni siquiera el director de la AEE lo había leído. ¿Qué hay detrás? Un contrato de 15 años por $1,625 millones, más $309 en una cuota de incentivo, sin invertir ni en un tornillo, sin arriesgar nada y administrando $10,300 millones de fondos federales para reparar el sistema eléctrico. Sus más altos directivos van a tener salarios de más de $600 mil anuales. La AEE pasaría a ser un monopolio privado con fines de lucro, siendo la única entidad a cargo de la operación del sistema. La fórmula del tumbe está servida en bandeja de oro. Por eso la negativa vehemente del Gobernador Pierluisi y la JCF a enmendarlo o atrasarlo.
Este Contrato-Atraco de privatización va a afectar negativamente el desarrollo económico del País y la economía individual de las familias puertorriqueñas.
- No hay ninguna garantía de reducción de las tarifas de electricidad; por el contrario, la expectativa es que aumenten.
- Perdemos el 68% de los embalses de agua. El agua de los embalses que hoy la AEE le regala a la AAA nos será facturada y aumentará los costos de la agricultura.
- Se pierde Prepanet, el servicio de comunicaciones que pudo dar acceso a la tecnología para la niñez en estos momentos de Pandemia.
- Contratarían personal extranjero que no conoce nuestro sistema energético. Se afectaría el servicio en las zonas rurales más remotas porque para la empresa privada no es costo-efectivo.
- LUMA se puede ir después de un fenómeno atmosférico dejando al País desprovisto de una agencia de electricidad para levantar el sistema.
- Se podrían eliminar servicios sin fines de lucro que suple la AEE como el desganche.
- Les quitan los subsidios a las familias necesitadas.
El suplido de electricidad, así como el de agua, son servicios fundamentales para toda la población. No pueden ser privatizados; deben estar en manos del Estado.