El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la radicación de una medida legislativa que busca proteger los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante los procesos de movilidad a raíz del contrato con la privatizadora Luma Energy.
Se trata de la resolución conjunta 157 para crear la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de Movilidad de los empleados de la AEE, con el fin de evaluar y revisar los procesos de movilidad, determinar si procede revocar o confirmar la acción de movilidad determinada por la Oficina de Administración y Recursos Humanos (OATRH) y eximir a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) de la revisión de toda acción de movilidad de los empleados de la AEE.
“Actualmente cualquier reclamación de los empleados de la AEE que surja de los procesos de movilidad tienen que ser atendidos por la CASP, no obstante, recientemente advertí y solicité investigar la situación de los miles de casos activos sin resolver y, ante la avalancha de casos nuevos ya radicados –que superan los 2,000 casos- tras el contrato de Luma Energy, he radicado esta medida para crear una Comisión Especial que justa y diligentemente atienda las reclamaciones que surjan a los fines de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores de la AEE”, indicó Márquez Lebrón.
Según ha trascendido públicamente en vistas públicas y denunciado por el propio Márquez Lebrón, la CASP tiene cerca de 5, 500 casos activos sin resolver situación que se agravaría con las nuevas reclamaciones que surjan tras la privatización de la AEE.
El portavoz cameral del PIP, un férreo opositor al contrato entre la AEE y Luma Energy, precisó que en vistas públicas la propia nominada jefa de la OATRH reconoció que la agencia ha cometido errores en el proceso de movilidad de los empleados de la AEE producto de direcciones residenciales no actualizadas, empleados enviados a oficinas inexistentes, puestos para los que no cumplen con los requisitos al tiempo que describió el proceso como uno “inhumano e insensible al tratarse de personas que han dedicado su vida a servirle al país y que hoy viven momentos de incertidumbre y angustia”.
“Esta iniciativa legislativa busca hacer justicia y garantizar los derechos de los trabajadores de la AEE ante este nefasto acuerdo que entregó nuestro activo más importante a quienes solo buscan el lucro”, finalizó Márquez Lebrón.
