El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, anunció la radicación de la resolución 476 que busca investigar el estado actual de la industria de exhibidores de películas y documentales en Puerto Rico con el fin de fiscalizar el cumplimiento de disposiciones antimonopolísticas contempladas en ley y su impacto sobre la producción de cine puertorriqueño.
“En Puerto Rico ocurren prácticas anticompetitivas en la industria exhibidores de películas y documentales que dificultan la entrada de competidores a este sector y afectan adversamente la oferta cinematográfica dejando a merced de pocas empresas, por ejemplo, la determinación de precios de los boletos, el número de salas de cine, la localización geográfica de estas salas, el tipo de filmes que se exhiben y hasta el tiempo en que se muestran en sala”, expresó Márquez Lebrón.
La propuesta legislativa del legislador independentista, “permitiría fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones antimonopolísticas al amparo de la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio”, explicó Márquez Lebrón.
Agregó, que como parte de su trabajo legislativo en este asunto, requirió mediante carta al Secretario del Departamento Justicia (DJ), información sobre unos acuerdos entre la Oficina de Asuntos Monopolísticos y el conglomerado Caribbean Cinemas como resultado de una investigación de más de dos años sobre posibles prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por dicha compañía. Ese acuerdo –que fueron anunciados públicamente por el DJ a principios de 2015- estipularon que Caribbean Cinemas realizaría un pago de $90,000 y cesaría de incurrir en la práctica de requerir cláusulas de exclusividad para exhibir películas comerciales en estreno en centros comerciales del País.
“Las prácticas anticompetitivas laceran la diversidad artística y cultural al impedir que exhibidores con menos recursos económicos puedan competir con los grandes consorcios internacionales que distribuyen casi exclusivamente proyectos multimillonarios hechos en Hollywood, reproduciendo así un círculo vicioso que desalienta —en lugar de promover— la producción de cine puertorriqueño. Asimismo, esta falta de oferta impide que se dé una distribución justa de los ingresos generados entre el exhibidor y el creador de la película, en la que el primero resulta favorecido desproporcionadamente, lo cual en ocasiones pone en peligro la capacidad del productor de repagar aquellas aportaciones que inversionistas —ya sean públicos o privados— hayan realizado en su proyecto”, concluyó el también abogado.