(3 de agosto de 2020 – La Fortaleza, San Juan) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó hoy tres proyectos de ley relacionados al retiro de empleados públicos, maestros, policías, bomberos, oficiales de custodia y técnicos de emergencias médicas, que les hacen justicia a los servidores públicos por sus años de trabajo.
“La política pública de este gobierno es proteger el esfuerzo y dedicación de los empleados públicos. Tanto así, que presentamos un proyecto de ley para elevar a rango constitucional el pago de los pensionados, el cual aprovecho para pedirle al Senado y a la Cámara de Representantes que atiendan en su sesión de hoy. Seguimos procurando hacerle justicia a nuestros trabajadores con la firma de estas dos medidas que reconocen su compromiso, velando por su bienestar una vez se retiran”, expresó la primera ejecutiva.
Las medidas firmadas hoy por Vázquez Garced son los Proyectos del Senado 1616, 1623 y 1432, que son: la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”; la “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”; la enmienda a la Ley 26 del 2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para los participantes del Sistema de Retiro para Maestros, respectivamente.
La primera medida, que fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la delegación de la mayoría parlamentaria de ese cuerpo, es a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles del gobierno puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro, disponer de los requisitos de años de servicio cotizados necesarios para cualificar para este programa, regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisión de acogerse al mismo, además de disponer los incentivos especiales que se otorgarán a los empleados que se acojan al programa, y disponer los requisitos necesarios para la implementación del programa.
“Es nuestro deber como gobierno proveer alternativas para los empleados públicos. Debemos recordar que fueron marginados con la llamada reforma al Sistema de Retiro de la Ley 3-2013, y debemos evitar que sean sometidos a más recortes en sus pensiones de retiro”, destacó la gobernadora sobre la medida que fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con votos de todas las delegaciones.
Esta ley busca restituir beneficios que le fueron recortados a los empleados públicos y lograr ahorros significativos al fisco, además de evitar recortes a las pensiones de los pensionados del gobierno.
Ahora se promoverá un “Programa de Retiro Incentivado”, que mejorará las condiciones socioeconómicas de los empleados públicos, además de representar un ahorro significativo para el gobierno, los municipios y las corporaciones públicas.
Según dispone el proyecto de ley, actualmente existen alrededor de 9,452 participantes activos de la Ley 447 de 15 de mayo de 1951 que representan una nómina anual de $342,277,165 más alrededor de $60 millones en beneficios marginales. Si todos esos empleados se retiraran bajo esta ley con un 50% de su salario actual, esto representaría un ahorro anual de sobre $171,138,582. Por otra parte, los participantes activos de la Ley 1 de 16 de febrero de 1990, elegibles bajo esta medida son alrededor de 1,900 que representan una nómina anual de aproximadamente $77,000,000 más gastos marginales. Esta iniciativa de ahorro sustancial proviene de una reducción de gastos asociados a la nómina. Luego de su implementación, el gobierno podría obtener un ahorro de sobre $1,400 millones durante un periodo de 30 años.
En cuanto al Proyecto del Senado 1623, su propósito es que estos servidores públicos puedan tener una pensión digna al momento de retirarse, y así puedan tener una fuente de ingresos que les permita atender sus necesidades.
“Muchos de los servidores públicos que están cercanos a la edad de retiro, se les dijo al momento de ingresar a sus trabajos que tendrían seguridad financiera al momento de su retiro. Debido a la situación económica que vivimos, ha sido necesario realizar ajustes de gastos en distintas áreas, incluyendo los planes de pensiones. Mas es necesario ajustar los beneficios para los miembros del Sistema de Rango de la Policía, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia para poder garantizar un retiro digno a quienes arriesgan sus vidas protegiendo vidas y propiedades”, manifestó la gobernadora, quien procedió a firmar estas medidas en la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.
El proyecto, presentado por los senadores Gregorio Matías Rosario y Héctor Martínez Maldonado, detalla que previo a la aprobación de la Ley 3-2013, los miembros del Sistema de Rango de la Policía participantes de la Ley 447, supra y de la Ley 1, se podían retirar con una pensión equivalente al 75% de su salario, una vez cumplieran 55 años de edad y 30 años de servicio. Mas con la Ley 3-2013, existen miembros de la policía que tendrían que aceptar irse con una pensión equivalente a menos del 30% de su salario actual. Esto representa un recorte de más de 40% de la pensión que les fue prometida al momento de su ingreso.
Al momento, hay aproximadamente 1,147 policías activos de la Ley 447, y 5,146 policías activos pertenecientes a la Ley 1, cuyo promedio de edad fluctúa entre los 48 y 55 años. Hoy día, Puerto Rico cuenta con miembros de la Policía con más de 60 años que no se han podido retirar, ya que la pensión a la cual tienen derecho no es suficiente para vivir.
Los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y del Cuerpo de Oficiales de Custodia experimentan una situación similar, con la única diferencia que estos cualifican y han cotizado para recibir los beneficios del Seguro Social. Apenas el pasado 1 de enero, gracias al esfuerzo entre el gobierno central y la Asamblea Legislativa, los miembros de la Policía comenzaron a cotizar para el Seguro Social, que les garantiza una serie de beneficios adicionales para ellos y sus familias en caso de incapacidad, muerte y otras circunstancias.
“Esta ley procura devolverles a estos servidores públicos y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno, con una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Ahora, todos los que hayan cumplido 30 años de servicio y tengan 55 años de edad o más podrán retirarse con hasta un 50% de su salario devengado al momento de retirarse. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para seguro médico, un beneficio con el que dejaron de contar una vez se aprobó la Ley 3-2013”, indicó la mandataria sobre la medida, aprobada en Cámara de Representantes y Senado por votos de todas las delegaciones.
