El plan fiscal presenta problemas de sostenibilidad y de confiabilidad de la información, otorga un trato desigual a los bonistas frente a la población y un pago de deuda insostenible
Con la séptima enmienda al Plan de Ajuste de la deuda (PDA) del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal coartó los derechos democráticos de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de esa medida fiscal solamente al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5 por ciento, pese a reconocer que el congelamiento de los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados, denunció el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública de Espacios Abiertos.
Espacios Abiertos insiste en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a $2,00
Santamaría Ots explicó que el propio plan establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 éstos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años.
“La Junta entiende que, para aprobar o rechazar el Plan de Ajuste, debe votar el pensionado que esté afectado y, aunque reconoce que la congelación de los ajustes por inflación afecta al 100% de los retirados, con el diseño y ejecución del proceso imposibilita el ejercicio democrático al voto del universo de los afectados y lo limita a un pequeño grupo”, declaró Santamaría Ots.
“A los pensionados les están vendiendo el Plan de Ajuste bajo la premisa de que será el fin de la quiebra, pero la realidad es otra, toda vez que la carga de obligaciones que resultará del plan será similar a la carga de obligaciones que tenía Puerto Rico al declarar que no podía continuar funcionando y pagando deuda. La situación se agrava cuando se considera que también se les está limitando su derecho de participación y violentando el acceso a la justicia”, acotó.
Trato desigual: residentes vs. bonistas
El especialista en deuda manifestó además que el plan ofrece un trato desigual de los pagos no contingentes a los residentes de Puerto Rico frente a los bonistas. Ello porque se condiciona ofrecer ciertos beneficios a los habitantes solo si hay un superávit fiscal. Sin embargo, los pagos de deuda contingentes (CVIs) a los bonistas se harán considerando los excesos de los recaudos certificados en los planes fiscales, ya sea del IVU (Plan Fiscal 2020) o del ron (Plan Fiscal 2021), sin importar si Puerto Rico entra en déficit.
“El actual Plan de Ajuste suscribe que la actual propuesta beneficia a los residentes de Puerto Rico. Lo que observamos desde Espacios Abiertos es algo distinto. Aconsejamos que cualquier propuesta legislativa sobre el plan, tome como índice de referencia el que haya superávit para compensar a los bonistas en lugar de vincular los CVI’s (instrumentos de valoración contingente) al sobredesempeño de los recaudos del IVU y el ron”, sostuvo Santamaría.
La Junta sabe, y comunica en sus proyecciones, que para 2036 Puerto Rico volverá a entrar en déficit fiscal, poniendo fin a cualquier beneficio adicional para los residentes de la isla. Sin embargo, contempla pagar a los bonistas hasta $405 millones a través de los CVIs por quince años más, entre los años 2036 y 2051, y aunque Puerto Rico esté en números rojos.
Problemas de confiabilidad de la información
Afirmó que después de más de 5 años de la puesta en marcha de la ley PROMESA y habiendo gastado aproximadamente $939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un Plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021. “Además del sobrecosto que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendiente”, puntualizó.
Recorte de la deuda y obligaciones: comprometidos 19.5 centavos de cada dólar
Santamaría Ots explicó que antes de reestructurar, el gobierno central tenía comprometidos cerca de 26.5 centavos por cada dólar ($1) de sus ingresos para deuda, carga que resultó ser insostenible y nos llevó al impago y a la quiebra. Para hacer contraste y presentar el Plan más atractivo para su aprobación, la Junta indica que el Plan compromete 7.6 centavos por dólar de lo que llama “política de deuda”. Sin embargo, no mencionan ni contemplan en ese análisis la carga de la nueva modalidad de pago de las pensiones, el “pay as you go”. En realidad, la dimensión total de deuda y obligaciones nos acercaría a tener comprometidos 19.5 centavos de cada dólar de nuestros ingresos, o sea que se nos plantea un “fin de quiebra” con una cantidad de obligaciones que está más cerca de la carga (26.5 centavos de dólar) que nos llevó a la quiebra, y que dista bastante de los 7.6 centavos que plantea la Junta en el Plan. (ver gráficas 1 y 2)
Deuda y pago insostenible
Espacios Abiertos comisionó un estudio sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda pública en Puerto Rico a Pablo Gluzmann (profesor en la Universidad de La Plata), Martín Guzmán (ministro de economía en Argentina) y Joseph Stiglitz (premio Nobel de economía). Los tres expertos concluyeron en enero de 2018 que para que Puerto Rico pueda enfrentar un pago de deuda sostenible, debía recortar su nivel de deuda de $72,200 millones en cerca del 80% al 90% ($7,200 millones y los $14,400 millones). En la actualidad, la propuesta de la Junta disminuiría el balance de deuda total en poco más del 50%, lo cual no es suficiente.
“Insistimos otra vez en que la Junta debe incorporar un análisis de sostenibilidad, que refleje un parámetro realista de escenarios (desde el más optimista al más pesimista), para cada uno de los próximos 30 años sobre los futuros pagos contingentes de deuda (CVIs). Y en que, al día de hoy, siguen vigentes las conclusiones de insostenibilidad del estudio de Espacios Abiertos de la autoría de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz”, subrayó.
Mencionó que en el plan se contemplan únicamente el exceso en los recaudos del 5.5% del IVU certificado en el Plan Fiscal de 2020 y sobre el exceso en los recaudos del ron estipulados en el Plan Fiscal certificado en 2021.
“Desde Espacios Abiertos, entendemos que es fiscalmente poco responsable e insuficiente calcular el valor presente de los pagos contingentes basándose en las proyecciones del último Plan Fiscal certificado en 2021”, sostuvo el economista. (ver tablas 1 y 2)
Austeridad: política cuestionada por expertos
El economista indicó que cada vez más economistas destacan la posible infraestimación del impacto contractivo en el Producto Nacional Bruto real de las medidas de austeridad impuestas por la Junta. Uno de los más recientes es Simon Johnson, profesor en MIT y quien fue economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, quien validó los hallazgos de Gluzmann, Guzmán y Stiglitz. “Aconsejamos que la Junta modifique su plan para que se incluya un intervalo de multiplicadores consistente con la evidencia empírica, como lo sugieren distintos economistas expertos en la materia”, recalcó.
Recomendaciones: no aprobar el plan de la Junta
“Desde Espacios Abiertos recomendamos a nuestros funcionarios electos a nivel legislativo y ejecutivo que no den paso a la aprobación del Plan de Ajuste según se ha presentado. Para atender el futuro económico de Puerto Rico con responsabilidad fiscal, antes de aprobar el Plan hay que conocer todas las dimensiones de este y empezar por resolver sus deficiencias fundamentales. En específico aquellas que conciernen la ausencia de sostenibilidad de la deuda, y la equidad de todas las partes afectadas. Si queremos poner fin a la quiebra responsablemente, es urgente mayor transparencia y garantizar una amplia participación ciudadana”, concluyó Santamaría Ots.