Un informe publicado hoy, por la de auditoría de la Oficina del Contralor (OCPR) revela que el exalcalde de Arecibo, Carlos Molina, mantuvo a su municipio con un déficit presupuestario de más de $13 millones, con deudas que superaban los $15 millones.
El informe, con una opinión adversa de la contraloría sobre las operaciones fiscales del ayuntamiento, contiene cinco hallazgos de auditoría y cuatro comentarios especiales y comprende desde julio de 2015 al 31 de diciembre de 2019.
Según lo encontrado por la OCPR, el Municipio sobreestimó los ingresos municipales entre un 11% y un 30% en varias categorías, entre ellas, impuestos, licencias y permisos, ingresos locales, servicios y multas, señala el informe firmado por la contralora Yesmín Valdivieso.
“Esta sobrestimación guarda una relación proporcional con los déficits acumulados”, menciona el informe. El Municipio de Arecibo tuvo un déficit de $5,904,645 para el año fiscal 2015, de $11,465,849 en el 2016, y de $12,918,835 en el año fiscal que culminó en el 2017.
Carmen Paniagua Millet, quien indica el informe, era la entonces directora de Finanzas y tenía conocimiento mínimo sobre las disposiciones legales y reglamentarias para la preparación y el manejo del presupuesto. Mientras que por su poarte Juan Galán Ramírez, quien también dirigió esa oficina durante el periodo auditado, señaló a los auditores que desconocía las disposiciones legales para la amortización del déficit acumulado y el corriente.
La auditoría reflejó que al 31 de julio de 2019, el Municipio adeudaba $15,472,272 que se distribuyen en aportaciones al Sistema de Retiro, al Departamento de Hacienda por retenciones a servicios prestados y sueldos, al plan médico de los empleados, al seguro por desempleo y a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Además, el Municipio pagó, en de mayo de 2017, $90,181 al Internal Revenue Services (IRS) en penalidades e intereses por tardanzas en las remesas de las retenciones y aportaciones del Seguro Social Federal.
“La situación fiscal por la que atravesaba el Municipio era una muy difícil que en ocasiones provocaba que no se pudieran cumplir a tiempo con las obligaciones con respecto a agencias gubernamentales”, contestó Molina Rodríguez a los auditores. “Dada las situaciones fiscales prevaleciente en esos momentos la administración tomó las medidas necesarias para que continuaran brindando los servicios a la comunidad”, agregó.
Al 31 de julio de 2019, las cuentas por cobrar del Municipio ascendían a $7,978,189 por concepto de patentes municipales, renta de propiedades, renta y permiso de negocios ambulantes, impuesto sobre venta y uso, recogido de desperdicios sólidos y mantenimiento de áreas del cementerio.
A pesar de esta situación fiscal adversa, el gobierno municipal le confirió un préstamo de $20,000 a una entidad sin fines de lucro, según el informe del contralor que no identifica a la organización. No obstante, ese contrato no fue registrado en la OCPR, hallaron los auditores, y todavía hoy no está disponible en el registro de contratos de la contraloría.
Tampoco el Municipio de Arecibo cobró deudas que ascendían a $1,986,368 por los arrendamientos del coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de tres estacionamientos municipales y de un área del estacionamiento del coliseo que se utilizaba como pulguero.
Por otro lado, el informe de auditoría indica que los auditores externos que trabajaron en los estados financieros auditados para los años fiscales del 2014-15 al 2016-17, se abstuvieron de opinar sobre el fondo principal de la empresa municipal Mi Arecibo Inc. debido a que “no contaban con documentación financiera adecuada”.
Además, los auditores emitieron opiniones cualificadas “debido a que el Municipio no proporcionó un subsidiario de activos de capital que estuviera de acuerdo con los importes incluidos en las actividades gubernamentales de los estados financieros, por lo que el gasto de depreciación de los activos no estaba evidenciado”. Una opinión cualificada se emite cuando el contador público tiene evidencia insuficiente que satisfaga las transacciones en los registros de contabilidad.
El informe revela también que el 15 de agosto de 2019 “la inspectora municipal emitió un informe preliminar al alcalde sobre una irregularidad relacionada con los fondos del Programa de Renta Subsidiada (Sección 8)”. Esto porque se realizaron transferencias electrónicas de esos fondos a una cuenta bancaria que pertenecía a una persona relacionada con una empleada municipal. Posteriormente, la empleada fue suspendida sumariamente de sus funciones. El total de transferencias superó los $15,000.
Cabe destacar que los auditores externos se abstuvieron de certificar las actividades de la empresa municipal porque no contaban con la documentación financiera adecuada. El ex alcalde de Arecibo, Carlos Molina en la actualidad se dedica a dar consultoría a los municipios de Quebradillas y Cabo Rojo de asesoría administrativa con su empresa AK Consulting.