Anuncian la radicación de una serie de medidas legislativas para investigar negociaciones con la AEE
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón, catalogaron como un “mantengo corporativo con esteroides” la petición de auxilio de la carbonera AES al Gobierno.
“La desesperada petición de auxilio de la carbonera confirma la gravedad de los peligros de la privatización, alrededor de la cual se ha construido un mito basado en tres premisas que han resultado falsas: la eficiencia de lo privado, lo confiable de sus inversiones en infraestructura, y la reducción en costos para el consumidor que supuestamente provocaría la competencia”, expresó Santiago en conferencia de prensa junto a Márquez Lebrón.
Agregó que, “ante la incapacidad gerencial para anticipar sus costos, AES pide el rescate del gobierno, es decir la socialización de sus pérdidas: que todas paguemos por lo que dejan de generar. Se atreven a pedir que nos quedemos con su planta obsoleta, que carguemos con el precio de la adquisición de su carbón, que le subsidiemos los daños ambientales que a sabiendas causan, que asumamos el costo de mantener su muelle pero que se le garanticen ganancias con un contrato de operación y que se le privilegie con un nuevo contrato para energía solar. Es el mantengo corporativo en esteroides, con unas expectativas evidentemente alimentadas por la próxima disponibilidad de fondos federales, y la noción de que si el dinero está ahí lo que hay que hacer es gastarlo no importa en qué”.
En tanto, Márquez Lebrón indicó que el costo de operación no es lo único de lo que AES quiere escaparse. “Ante la aprobación del Reglamento para el Manejo y Disposición de Residuos de Cenizas de Carbón, la empresa ha tenido que admitir que mantiene expuestos al aire toneladas de cenizas tóxicas por extensos períodos, una práctica ambientalmente inaceptable que hasta ahora negaban, y que no ejerce los controles mínimos para el manejo de sustancias identificadas como dañinas”.
El portavoz cameral del PIP añadió que “para añadir sal a la herida, AES ‘amenaza’ con huir de la jurisdicción si el gobierno no accede a sus pretensiones, alegando causas de “Fuerza Mayor” que justifican su incumplimiento con el contrato que hasta hace poco defendían con uñas y dientes” al tiempo que argumentó que “la incompetencia corporativa, el desprecio al ambiente y a las comunidades y la obsolescencia de la quema de carbón no representan Fuerza Mayor”.
Tanto Santiago como Márquez anunciaron la radicación de una serie de medidas legislativas para investigar las negociaciones entre la empresa AES Puerto Rico y la AEE, para requerir información a la AEE sobre toda petición, comunicación o trámite con AES sobre su interés en la transferencia de la planta y cualquier otra medida de “rescate”, para que la Legislatura y las Legislaturas municipales expresen su rechazo a las pretensiones de la carbonera y exigir al Ejecutivo que no acceda al rescate solicitado y para promover la aprobación del P del S 131 y el P de la C 430, que exigen el fin de la quema de carbón para la generación de energía en Puerto Rico.
Santiago Negrón advirtió “que toda iniciativa relacionada con política energética tiene que considerar las condiciones adversas que creará la reestructuración de la deuda de la AEE, que incluirá aumentos constantes en la tarifa y el infame impuesto al Sol” y que lo que hoy ocurre con AES “debe asumirse como una lección sobre la realidad de la privatización, sobre todo cuando en estas fechas se está evaluando la concesión de contratos de generación de energía renovable a través de proyectos privados”.
“El precedente que AES pretende establecer, solicitando el rescate cuando resulta que su operación ya no es rentable, es muy peligroso”, concluyó finalmente Márquez Lebrón.