El vicepresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos O. “Charlie” Delgado Altieri, hizo un llamado a los legisladores a evaluar con profundidad y apertura, el proyecto que habrá de presentar el representante Héctor E. Ferrer Santiago, para legalizar hasta 28 gramos de marihuana, al tiempo que se crearía un marco regulatorio para la industria.
Delgado Altieri se mostró confiado en que la medida, ha sido el producto de un exhaustivo estudio, que merece una amplia discusión en la Legislatura, en la que se ponga en perspectiva que el cannabis no ocasiona efectos perjudiciales a la salud si se establecen las regulaciones en términos de cantidad y calidad; y que tiene la capacidad de convertirse en una industria que aporte al desarrollo económico del País.
“Ferrer Santiago ha trabajado intensamente en la preparación de este proyecto, promovió la participación de diversos sectores y recibió las recomendaciones de profesionales y expertos salubristas y lo que habrá de presentar es una pieza que atiende un problema social, porque permite convertir una actividad ilegal en una regulada, que establece controles y que permite la generación de ingresos al erario”, expuso el vicepresidente del PPD.
El proyecto para el Uso Adulto Controlado de Cannabis propone legalizar la posesión de hasta 28 gramos de marihuana por parte de ciudadanos mayores de 21 años, establece regulaciones en términos de la cantidad para la venta diaria y la concentración de tetrahidrocannabinol. Si una persona es detenida en posesión de más de 28 gramos, será procesado como es en el presente. Además, asigna costo a licencias requeridas por los dispensarios y una tasa especial de 20% aplicable a la compra del producto, que no pagaría el Impuesto de Ventas y Uso. El costo del cannabis para pacientes ya registrados seguiría siendo el mismo. También establece los métodos para el uso y los lugares donde se permitiría su uso. Así también prohíbe que sea en presencia de menores.
“Ante la ausencia de un modelo económico en Puerto Rico y las obligaciones establecidas por la Ley Promesa, nos urge ampliar nuestras vías de generación de ingresos. Exhorto a los representantes y senadores que le analicen esta medida y que permitan la creación de un marco regulatorio para la conversión del cannabis en un industria, que genere los ingresos necesarios para cubrir las pensiones de nuestros jubilados, para los maestros, bomberos, los fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y para las operaciones de los municipios”, sostuvo el vicepresidente del PPD.
De acuerdo con el legislador del PPD y propulsor de la medida, las intervenciones criminales sobre el uso de marihuana que terminan con sentencia, le cuestan al erario público más de 50,000 dólares al año por persona. A su juicio, la criminalización del cannabis representa un gasto público sin ningún beneficio para la sociedad.
Como parte del análisis se considera un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis, sería de hasta 700 millones de dólares en su quinto año de vigencia. Esto, crearía un impacto económico directo e indirecto en el primer año del marco regulatorio de más de mil millones de dólares. A su vez, se crearía más de 10,000 nuevos empleos.