Maritere González López aceptó haber incurrido en negligencia en la entrega tardía de sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) como parte de un acuerdo con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Según se desprende del acuerdo, el cargo está relacionado a un caso que data del 2018, donde un FEI acusó a la exlegisladora por el Partido Popular Democrático (PPD) de haber intervenido en el nombramiento de la extitular de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López.
“Ciertamente habrá quienes acepten lo determinado por el tribunal en el día de hoy, y habrá quienes no lo acepten. Yo continúo con mi vida de trabajo y servicio junto a mi familia y los que creen en mí”, manifestó en declaraciones escritas González López.
En un principio, el Fiscal Especial Independiente (FEI) radicó cargos a González López por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, falsedad ideológica, perjurio y posesión de documentos falsificados por recibir beneficios del convicto Anaudi Hernández Pérez, que no incluyó en sus informes financieros.
Para aquel entónces, el caso que fue visto en los Tribunales, con determinación de no causa y el FEI determinó no ir en alzada.
“Originalmente eran 13 cargos, el relacionado a Sally López se eliminó y los 12 restantes fueron reclasificados a menos grave. Esto implica lo siguiente: no habrá juicio, y ella tampoco pagará multa, simplemente queda una probatoria por seis meses”, explicó el abogado de la exsenadora, el licenciado Yuseph Lamboy.
En cuanto a la alegación de que González López no había pagado por el alquiler de un apartamento y que había sido un donativo político, el licencido indicóq que quedó demostrado que su cliente sí pagó por el mismo.
“Este es un caso que nunca debió haberse presentado y luego de cuatro años de espera, el tiempo nos da la razón. Cinco años de litigio, para terminar en un solo caso menos grave, que pudo haberse atendido administrativamente, lo que hubiera sido un ahorro de los recursos del Estado”, opinó Lamboy.
En diciembre del 2021, Sally López fue puesta en libertad supervisada por dos años y se le impuso una multa de $5,000, luego de declararse culpable de haber conspirado para cometer fraude, como parte de un esquema de corrupción liderado por el exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández Pérez.
La sentencia sugerida al juez federal Pedro Delgado Hernández era de cinco años de cárcel y dos años de libertad supervisada, pero a López se le acreditó el tiempo cumplido en prisión, de tres años, nueve meses y nueve días.
González López, en la actualidad es contratista del municipio de Arecibo para supervisar los programas, pagados con fondos federales, Child Care, Luisa Capetillo, Amas de llave, Juventud del Ayer y Auxiliar del Hogar, así como los programas pagados con fondos municipales, Villa Pesquera y Plaza del Mercado, que se administran con fondos del municipio.
