Por José ‘Joe’ Román Abreu
Exalcalde de San Lorenzo
El magisterio puertorriqueño, como todos los empleados gubernamentales, han experimentado un extenso periodo de austeridad donde no tan sólo se han visto privados de los beneficios económicos que la renegociación de los Convenios Colectivos les hubiese conferido, sino que les han afectado negativamente sus condiciones de trabajo, los derechos históricamente alcanzados y las posibilidades de contar con un retiro digno cuando alcancen su jubilación.
Sin restarle méritos a la labor que desempeña cada servidor público, los reclamos del magisterio puertorriqueño por un salario justo y un retiro digno, establecen el punto de referencia mediante el cual deberán conducirse los procesos de negociación colectivas que deben comenzar a la mayor brevedad posible.
Las múltiples y masivas manifestaciones llevadas a cabo el pasado viernes, 4 de febrero de 2022, marcan un punto de cambio en las luchas obreras emprendidas por el pueblo puertorriqueño. Una masiva manifestación frente al Capitolio y una concentración multitudinaria frente a La Fortaleza, ponen de manifiesto una determinación de luchar hasta lograr sus objetivos que supera por mucho las diversas actividades que el movimiento laboral ha podido desarrollar en el presente siglo.
Los intentos del Gobernador de turno de darle largas al asunto, de promover interminables reuniones, de insistir en considerar legislación que más tarde es anulada por la Junta de Control Fiscal, están prácticamente agotados. De igual manera, la acción que la legislatura pudiera emprender para tratar de frenar la lucha de los educadores, no tiene mayores posibilidades de acallar las protestas si no vienen acompañadas de un juicioso y válido estudio de las fuentes de financiamiento tanto para asumir los aumentos de salario que sean acordados como el fortalecimiento financiero del Sistema de Retiro.
Ante las juez Taylor Swain está una solicitud, radicada por una de las organizaciones magisteriales, para la paralización del Plan de Ajuste Fiscal que condena al país a asumir una responsabilidad de pago que le amarra a los funcionarios electos las manos para lidiar con los reclamos que justamente hace hoy el pueblo trabajador. Sumarse a ese reclamo y llevarlo ante todos los foros que sea necesario podría ser una salida real para satisfacer los reclamos de la clase trabajadora y darle viabilidad y campo de acción a los representantes electos de nuestro pueblo.
Nadie debe llamarse a engaños en este momento en el país. Los administradores de los recursos fiscales disponibles tendrán que hilar muy fino para prestar los servicios esenciales que consistentemente se han negado a declarar y contar con recursos para garantizar a la vez el desarrollo económico que se hace impostergable, si es que no se quiere volver a otra quiebra gubernamental.
En el ejercicio de ese fino balance las demandas de los trabajadores tienen y deben ser atendidas como una prioridad. Constituiría un suicidio político ignorarlas, posponerlas, o pretender que las mismas sean tan desatendidas como al presente. Los trabajadores presentaron sus alternativas, reclamaron la auditoria de la deuda, exploraron avenidas que fueron desoídas para garantizar la permanencia de los diferentes Sistemas de Retiro y reclamaron enérgicamente la designación de los servicios esenciales como postulaba la Ley Promesa. La Junta, la Legislatura y el Gobernador hicieron causa común para privilegiar el pago a los bonistas en detrimento de la totalidad del pueblo puertorriqueño.
Corresponde en este momento, cuando la crisis más profunda apenas comienza, actuar con sensatez y buen juicio. El magisterio puertorriqueño está dando la voz de alarma, los trabajadores de la salud han señalado que han sobrepasado su limite y no dudan en tomar la calle si no se les escucha, el componente de seguridad pública da muestras de haber alcanzado su limite de tolerancia y así se estarán sumando todos los empleados que, por la pasada década, han sufrido las duras e insoportables consecuencias de las medidas de austeridad que le han sido impuestas.
Si el trabajo de la Junta de Control Fiscal ha sido de excelencia y verdaderamente hemos salido de la quiebra, con el saldo de un pago que ellos han definido como razonable, no hay excusa alguna para que no se recompense a los que han llevado la peor parte en el largo proceso de acumular los recursos para el multi billonario pronto pago y garantizar la continuidad operacional del Gobierno. Después de todo, ni los maestros están solicitando que se les trate por encima de lo razonable, ni es tampoco lo que pretenden todos los trabajadores del Estado. Solo reclaman la justicia que les corresponde.