Representante PIP impulsa acciones legislativas para enfrentar la crisis de violencia infantil en Puerto Rico

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció una serie de acciones legislativas dirigidas a enfrentar la crisis de violencia infantil en Puerto Rico, un asunto que catalogó como una “emergencia nacional” tras descubrir la existencia de sobre 10,400 referidos de maltrato sin investigar desde el 2016.

 

“Durante mi interrogatorio en las vistas públicas sobre el presupuesto del Departamento de la Familia (DF), la administradora de ADFAN reconoció la existencia de 10,458 referidos de posible maltrato a menores aún sin investigar desde el 2016, hecho reconocido como una crisis por la propia Secretaria del DF durante esas mismas vistas públicas. Ese hecho nada más, representa una emergencia nacional que hay que atender con urgencia y para eso son estas acciones legislativas que estamos tomando”, expresó Márquez Lebrؚón.

A tales efectos el legislador independentista radicó dos medidas legislativas, la primera para declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico y la segunda para reconocer la tortura infantil como una categoría independiente del maltrato infantil y tipificarla.

 

“Según datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos de EE.UU. en Puerto Rico, para 2019, se recibieron un total de 17,474 (30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menores de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados. Este año para la misma fecha, tienen 12,110 casos, lo que representa un aumento de 3,656. La Asamblea Legislativa no puede, con su silencio, ser cómplice de esta realidad y mirar para el otro lado, hay que tomar acción inmediata y dar paso a estas medidas”, argumentó Márquez Lebrón.

 

Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz González, quién se unió como coautor del proyecto para declarar un estado de emergencia por violencia infantil, indicó que “el Departamento de la Familia, en varias ocasiones ha reconocido que solo cuentan con casi 900 trabajadores sociales, cada uno atendiendo entre 30 y 40 casos a la vez. Esto hace que solo se atienda el 50% de los casos de niños en peligro inminente. Este proyecto establece el andamiaje necesario para hacerle justicia a nuestros niños y promueve la asignación de recursos necesarios al departamento. Del mismo modo, este proyecto obliga al Departamento de Justicia a Informar el número de querellas ante el Departamento de Justica de maltrato contra menores, maltrato institucional, agresiones sexuales, negligencia, negligencia institucional y trata humana, información vital para construir una política pública dirigida a combatir el maltrato infantil.”

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