[AGUADILLA] Ada García denuncia falta de pago a hogares de cuidado prolongado

La falta de pago a hogares de cuidado prolongado por parte del personal del Departamento de la Familia tiene preocupados a los dueños de los hogares, algunos de los cuales han tenido que cerrar. Otros, llevan más de un año sin recibir el dinero que les corresponde por lo cual sus servicios se ven afectados y les obliga a tener que cerrar sus operaciones las cuales se centran en la población envejeciente de la isla, denunció la senadora del Distrito de Mayagüez, Ada García Montes.

        “En días recientes, advine en conocimiento de la situación que atraviesan varios dueños de hogares de cuidado prolongado quienes me informaron que llevan más de un año sin recibir pagos por los servicios que ofrecen. Además, según me explicaron las cuantías que reciben por los participantes con determinadas condiciones es discrecional. Por ejemplo, un hogar de cuidado prolongado que ofrece servicios a un participante con ciertas condiciones, en el área oeste recibe $1,000 sin embargo en el área metro por ese mismo participante el departamento paga $1,800, lo que levanta serios cuestionamientos”, denunció García.

        Las denuncias surgen como parte de un encuentro sostenido entre la senadora García Montes y sobre una veintena de dueños de hogares de cuidado prolongado del oeste. Otras de las preocupaciones presentadas a la senadora incluyen el temor a represalias por parte del personal del Departamento de la Familia. “Según ellos me explican, siempre que denuncian la falta de pago el siguiente paso es una investigación por parte del departamento”, dijo García Montes. Los dueños alegan además falta de competencia en el proceso de facturación y pago, errores continuos que dilatan el proceso, lo que pone en riesgo las operaciones  de hogares ante la falta de pago.

 

        También, los dueños explicaron que del dinero asignado por el departamento a cada participante además de ser discrecional recibe deducciones lo que hace que el monto final recibido sea menor al acordado.  Dijeron que un participante por el cual se supone reciban $1,000 sufre recortes por las ayudas que ese participante recibe del PAN y Medicare, entre otros, lo que pudiera ascender a $275. Luego de los recortes correspondientes, el hogar recibe por ese participante $725, lo cual según alegan los dueños es insuficiente para cubrir todos los gastos del participante.  Otros costos que también descuentan son alrededor de $40 por servicios de cabello.

 

        “Esta situación es altamente preocupante. Se trata de los servicios que se ofrecen a la población envejeciente en la isla. Es de conocimiento público que datos evidencian que esta población va en aumento por lo cual estos hogares son esenciales para garantizar calidad de vida a los envejecientes, muchos de los cuales se encuentran solos”, destacó García. “De igual forma, es necesario que estos centros reciban los pagos por los servicios que ofrecen dentro de un margen de tiempo que sea justo”.

 

        García Montes se comprometió en analizar la información provista por los dueños con el fin de identificar si la situación se puede atender con legislación.  “Impartí instrucciones a mi equipo de trabajo para hacer un análisis profundo de la situación que aqueja a los hogares para indagar si se pueden ofrecer mecanismos en ley tanto a los dueños como al Departamento de la Familia para lograr acuerdos en beneficio de ambas partes”.  Aseguró es responsabilidad de la Asamblea Legislativa fiscalizar a las agencias para un buen funcionamiento. 

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