El pasado miércoles el Tribunal de Arecibo le imputó un cargo al activista ambiental y organizador comunitario de Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681), Lauce Colón Pérez, por alegados “daños agravados” ocasionados el pasado 9 de abril tras que manifestantes relocalizaron partes de la verja de madera que la corporación [González Freyre] G.F. National Properties instaló en zona marítimo-terrestre (ZMT) y bienes de dominio público (BDP) para privatizar y cobrar desde $10.00 por persona por el acceso a la Cueva del Indio.
“Ese día, varios manifestantes removieron algunas estacas y tablas de la de verjas que la administración de la finca aledaña a la cueva insisten en colocar para impedir el acceso a la ZMT de la Reserva Marina, los BDP de la Reserva Natural y el sitio arqueológico Cueva del Indio”declaró Alegna Malavé, portavoz de DCI-681.
“Estas acciones directas se convocan para exigir el paso libre a nuestra Cueva y el cumplimiento con el plan de manejo y el deslinde oficial al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, continuó.
Aún así, la fiscalía de Arecibo ordenó imputar cargos por daños agravados solo a Colón Pérez y el pasado miércoles el Tribunal determinó causa por el delito de daños agravados y le impuso una fianza de $5,000, la cual prestó y espera vista preliminar el próximo 25 de mayo a las 9:30 a.m.
“Nuestro querido Lauce es acusado de remover unos palos y tablas que están puestas a cinco metros del agua y que impiden el acceso libre a la Cueva del Indio. Él es el rostro de la valentía y el compromiso con el bienestar de la comunidad y los ecosistemas que son esenciales para todas las formas de vida”, manifestó Malavé Marrero.
Según DCI-681, estas manifestaciones son en reclamo de justicia ambiental y un ruego colectivo que se ha presentado por escrito en varias querellas formales ante el DRNA, incluyendo la #Q-AREM-045-2022 radicada en agosto 2022 por Colón Pérez denunciando cómo el acceso libre a la Cueva del Indio ha sido privatizado desde el 2016 tras la compra de los terrenos aledaños por G.F. National Properties.
“El arrendamiento de estos terrenos a un privado que cobra el acceso desde la corporación Caracoles Bar & Grill son acciones denunciadas como violaciones a la ‘Ley Núm. 111 para la Protección y Conservación de Cuevas […] de Puerto Rico‘ y la ‘Ley Núm. 112 para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico‘, con esta última tipificado como un delito grave la apropiación, mutilación y saqueo de un sitio arqueológico registrado penalizado con hasta $5,000 de multa y 5 años de cárcel”, denunció la portavoz..
“Estas denuncias también se han hecho por escrito ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña el año pasado y aún no tenemos acción de parte de ninguna de las agencias a cargo que garantice el acceso expedito, seguro y para el disfrute al legítimo titular de los bienes de dominio público, que es el Pueblo de Puerto Rico“, finalizó.