El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia acaba de establecer a través de una orden ejecutiva la llamada “descentralización” del sistema de educación pública. Nos preguntamos cuál es el concepto de descentralización que está detrás del anuncio de Pierluisi Urrutia cuando plantea que las decisiones se tomarán a nivel regional. ¿Es eso descentralización? Se cambia una entidad centralizante por 7 entidades centralizantes. Además, se otorgarán tarjetas de débito a directores escolares. Sin duda, creemos en la descentralización del sistema educativo a nivel fiscal, administrativa y docente, pero real.
Es conocimiento general de que en Puerto Rico existe un grave problema de control partidista en el Departamento de Educación y que los funcionarios regionales, incluso desde los directores escolares hacia arriba, pasan por un filtro político partidista. Delegar el poder decisional en manos de un director que utiliza su puesto para discriminar, perseguir e imponer sus decisiones, realmente no descentraliza. Veamos el caso de las llamadas medidas cautelares que se utilizan muchas veces para sacar del medio a compañeros excelentes. Muchos directores convierten al maestro en un simple cuidador de estudiantes al convertir las llamadas sustituciones en una práctica cotidiana en el DE.
Mientras el gobernador hace ese anuncio, la actual administración promueve las escuelas chárter, que son una vertiente de privatización que entrega la administración de escuelas públicas a entidades privadas, utilizando fondos públicos. Hay que preguntarse si ese modelo de descentralización del gobernador es para facilitar la introducción de las escuelas chárter en nuestro sistema educativo.
Si el gobierno realmente quiere descentralizar, debe establecer por ley que las decisiones fundamentales deben estar en manos de padres, maestros/as y estudiantes, y que las decisiones que tomen esas comunidades escolares van a ser respetadas proveyendo los fondos para que las decisiones tomadas se puedan implantar en nuestro sistema educativo.
Pero no solo debe haber descentralización administrativa, sino que es imprescindible que se revisen los currículos. Es urgente que se restablezca la enseñanza de historia y estudios sociales desde los grados primarios, con el personal, equipo y facilidades requeridas. Que se fortalezcan los programas de Bellas Artes, Vocacionales, Educación Física, así como fortalecer los programas regulares. Se debe dotar a cada escuela de una biblioteca con el personal y materiales que propicien el aprendizaje de nuestro estudiantado. Es imprescindible, además, que se atiendan las necesidades de la población escolar con diversidad funcional fortaleciendo el Programa de Educación Especial. Este programa nunca ha sido bien atendido por las diversas administraciones del DE. También es necesario, si se quiere descentralizar, que se garantice que los fondos lleguen a las escuelas y no se queden en los contratos multimillonarios de los amigos del alma o familiares “talentosos”. Cuando la administración gubernamental garantice todo eso, entonces estaríamos hablando de una descentralización viable.
Le toca al gobierno demostrar que no se trata de un anuncio más, para vender imágenes y captar votos. Claro que favorecemos la descentralización, pero una descentralización real, concreta y verdadera en que las decisiones fundamentales estén en manos de nuestras comunidades escolares, y que se le otorgue el verdadero poder decisional a dichas comunidades.
Ya es predecible que cada vez que nos acercamos al año electoral, los gobernantes anuncien medidas que supuestamente van a resolver los problemas del país. Nos gustaría confiar que ahora será diferente. Sin embargo, la trayectoria de las más recientes administraciones gubernamentales nos hace poner en duda la veracidad de las expresiones del gobernador de Puerto Rico. Debemos recordar que todas y cada una de las decisiones tomadas e implementadas por el gobierno han estado subordinadas a la Junta de Control Fiscal. Por eso cerraron cientos de escuelas, privatizan la energía, impulsan las escuelas chárter, aumenta el costo de los productos y servicios esenciales, aumenta el problema de la vivienda y de la salud, desmantelaron los sistemas de retiro llevándolos a la quiebra, crearon la deuda ilegal e inmoral de $80,000 millones. A partir de eso, se nos hace muy difícil confiar en la veracidad de la anunciada descentralización educativa.