Los representantes del Partido Nuevo Progresista, José “Pichy” Torres Zamora y Maria de Lourdes Ramos, radicaron el Proyecto de la Cámara 2002, a los fines de aclarar el total de $500 millones en asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) sean de uso irrestricto para la operación diaria de la institución.
La pieza legislativa fue radicada a petición de la de Junta de Gobierno luego de que para los años fiscales 2023 y 2024, la UPR recibiera una asignación anual fija de $500,847,000 del Fondo General del Tesoro del Estado, sin embargo, solo $441,206,000 de esta cantidad se destinaron a costos operacionales. Mientras el resto, fueron redirigidos a otras resoluciones y asignaciones especiales, que afectaron la estabilidad presupuestaria de la UPR. De este modo $59,641,000 no se utilizaron directamente para gastos operacionales que apoyan la misión educativa de la institución académica.
“Es sumamente alarmante que esta cantidad dinero no se haya utilizado para los fines para los cuales se destinaron. Por tal motivo, es crucial aclarar que los fondos asignados deben ser de uso irrestricto para la operación y efectividad de la universidad. La UPR es nuestro principal centro docente, donde se forman nuestros profesionales. Esta medida busca garantizar que los recursos económicos lleguen a donde tienen que llegar para fortalecer nuestra universidad”, destacó Torres Zamora.
El exvicepresidente de la Cámara, quién es producto de la UPR señaló que su compromiso “es legislar de manera que se respeten y protejan los intereses de la comunidad universitaria, garantizando que la UPR disponga de los recursos universitarios para ofrecer una educación de calidad, sostenible, viva y accesible para contribuir significativamente al desarrollo de Puerto Rico”.
Por otro lado, la representante Maria de Lourdes Ramos destacó que “Puerto Rico valora su universidad, que goza de respeto y prestigio internacional. Nosotros como representantes, siempre estaremos en primera fila defendiendo esta institución para garantizar los recursos necesarios para su operación. Este proyecto es solo una señal de que haremos frente a cualquier injusticia y manipulación presupuestaria que pretenda socavar las bases de la UPR”, afirmó.
Además, ambos representantes mostraron preocupación debido a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobara asignaciones especiales para la UPR sujetas a ciertos requerimientos que hasta la fecha, no se han definido claramente cuáles serían los requisitos con los que deberá cumplir la institución para tener acceso a estos fondos, lo que crea cierta incertidumbre en el cumplimiento de la política pública establecida en la Ley 53-2021.
“Nuestro llamado es a que lo antes posible estos requerimientos sean definidos. En este momento histórico donde la tecnología ha revolucionado la educación, transformando salones de clases en entornos dinámicos mediante herramientas digitales y plataformas interactivas es importante garantizar que esos fondos adicionales lleguen y no se pierdan por no estar definidos”, concluyeron en declaraciones escritas.
