Vega Alta- Demoledor, así catalogó -anoche- Carlos Malavé Irizarry, presidente de la Legislatura Municipal de Vega Alta, el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico sobre el ayuntamiento, dirigido por Oscar ‘Can’ Santiago Martínez.
El documento oficial, de 48 páginas, pone al descubierto ocho hallazgos muy serios, bajo la administración de Santiago Martínez, entre éstos, deficiencias en la sesión de una propiedad municipal, condonación del pago de penalidades y recargos por patentes municipales y arbitrios de construcción, sin tener la aprobación de la Legislatura Municipal y otras deficiencias relacionadas con las cuentas por cobrar, arrendamiento de propiedad municipal sin solicitar la aprobación de la Legislatura Municipal, falta de controles en las operaciones de los almacenes de equipos del municipio, vehículos dejados en talleres privados por periodos prolongados, reglamento para la administración del personal sin actualizar y ausencia de un administrador de documentos públicos, entre otras deficiencias relacionadas.
De otra parte, también se incluyen cinco comentarios especiales, entre ellos, un proyecto detenido por falta de fondos debido a la situación fiscal del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, empleados municipales clasificados como transitorios por periodos que exceden en términos establecido por ley, débitos no autorizados para el pago de compras personales y falta de notificaciones a las entidades correspondientes, ausencia de medidas disciplinarias contra empleados relacionados con el hurto de una propiedad municipal y recomendación de recobros no atendida del informe de auditoria anterior.
“Si hay algo que queda demostrado en este Informe de Auditoría (M-21-14) es, precisamente, que el Alcalde no actuó de acuerdo con la ley y reglamentación aplicables”, puntualizó Malavé Irizarry, ante la Legislatura Municipal.
En el caso de las deficiencias en la sesión de una propiedad municipal, por ejemplo, no se formalizó ningún tipo de contrato escrito para el uso de las instalaciones municipales indicadas.
“El municipio permitió la operación del negocio, en la antigua fábrica, sin que se solicitara y obtuviera un permiso de uso para las instalaciones y sin la formalización de un contrato de arrendamiento. Por ende, el municipio no obtuvo un beneficio público por el uso de las instalaciones municipales indicadas… Esto ocasionó que el comerciante, con buenas intenciones de hacer las cosas bien, lamentablemente se incluyera en el informe”, hizo hincapié el Presidente del Cuerpo Municipal.
Otro punto que presenta el informe es sobre las deudas por cobrar y revela que el Alcalde y los entonces directores de finanzas eximieron a contribuyentes del pago de penalidades y recargos sin la autorización de la Legislatura Municipal. Los directores de Finanzas en funciones no tenían autoridad en ley para suscribir acuerdos de condonación de deudas, sin la aprobación de una ordenanza con el consentimiento de dos terceras partes de los miembros de la Legislatura Municipal.
El municipio dejó de recibir la cantidad de $87,725 por los recargos y las penalidades por la tardanza en el pago de las deudas por patentes municipales y arbitrios de construcción. Esto puede dar lugar a que se cuestione la validez de los acuerdos tomados, dar la impresión de favoritismo y propicia la comisión de irregularidades con los recaudos de los ingresos del municipio, según expone el documento oficial.
La auditoría cubre del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 20 18.
