La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó el lunes, parte de su propuesta de salud que continuará trabajando en lo que seria su segundo cuatrienio en el Congreso, enfocada en el trato igual en los programas de salud a los ciudadanos americanos residentes en la isla, asegurar el financiamiento de los programas y darles un respiro a 200,000 personas, que actualmente no cuenta con un seguro de salud al extenderles la cubierta de Medicaid.
“Me comprometo en impulsar que se utilice el nivel de pobreza federal para determinar la elegibilidad en el Medicaid. Esto permitiría que aproximadamente 200,000 personas que no tienen un seguro médico en estos momentos ingresen a la Tarjeta de Salud. Estas serían, en su mayoría, familias trabajadoras de escasos recursos que ganan más de lo determinado para ser elegible para la Tarjeta de Salud, pero no suficiente para costear una cubierta médica. Estaríamos permitiendo que las personas no tengan que escoger entre trabajar o mantener un plan de salud”, explicó la comisionada en conferencia de prensa.
La primera legislación radicada por Jenniffer González Colón, cuando juramentó en el 2017, fue para asegurar el financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico y los demás territorios, marcando el tema que sería una de sus prioridades en el Congreso, dedicándole mucho tiempo hasta conseguir en tres ocasiones aguantar el llamado “Medicaid Cliff”, consiguiendo asignaciones de fondos federales históricas y salvando la cubierta de salud de más de un millón de residentes en la isla.
Medicaid (la Tarjeta de Salud) es un programa operado por los estados y territorios para garantizarles a las personas de bajos ingresos una cubierta de seguro de salud. Este programa es fundamental para el sistema de salud de Puerto Rico, proveyendo cuidado a casi la mitad de la población, 1.3 millones de personas. La condición territorial de Puerto Rico les impide a los ciudadanos americanos residentes en la isla gozar de los beneficios en igualdad de condiciones, que los residentes de los estados bajo este programa.
Las diferencias más notables son la aportación por parte del gobierno federal, el tope de los fondos asignados, la cantidad de beneficios obligatorios aplicados a la isla y el por ciento en que se basa el nivel de pobreza.
El máximo de aportación federal por ley al programa de Meidcaid, conocido como el FMAP por sus siglas en inglés, es un 83 por ciento y se basa en el ingreso per cápita de cada estado.
Para el 2020, el estado con la aportación federal más alta es Mississippi con 77.76 por ciento; mientras que el FMAP en Puerto Rico está establecido por ley en un 55 por ciento, una aportación menor.
La comisionada logró que la aportación federal luego de María fuera del 100 por ciento por dos años, luego logró que se aumentara de un 55 por ciento a un 76 por ciento por dos años y por el tiempo que dure la emergencia del Covid, aumentarla a un 6.2 por ciento adicional, un 82.2 por ciento. Estos beneficios expiran en el 2021; por lo que la comisionada se compromete a continuar trabajando para aumentar esa aportación estatutaria del 55 por ciento lo que le daría un respiro al gobierno de Puerto Rico que pudiera invertir esos fondos en otros programas. Estos incrementos conseguidos por la comisionada residente significan ahorros billonarios para el gobierno de Puerto Rico que puede invertir esos fondos para mejorar la cubierta a todas las personas que se benefician de la Tarjeta de Salud.
Contrario a los estados, Puerto Rico tiene un tope de 350 millones de dólares en la aportación federal para Medicaid que no alcanza para cubrir las necesidades en la isla, ni para proveer los beneficios mínimos que el programa de Medicaid requiere en los estados.
Esto ha obligado a buscar otras alternativas de financiamiento y por lo tanto, que el estado haya enfrentado la amenaza de quedarse sin fondos al programa antes de tiempo.
La comisionada paró el llamado “Medicaid Cliff” en tres ocasiones, asegurando los fondos que financian la Tarjeta de Salud. En mayo del 2017 consiguió 295.9 millones de dólares para financiar Medicaid hasta abril 2018; en febrero del 2018 consiguió 4,800 millones de dólares para cubrir dos años; en diciembre de 2019 consiguió 5,700 millones de dólares por los próximos dos años, la cantidad más grande en la historia. La comisionada busca que se elimine el tope artificial (o “CAP”) del financiamiento del programa de la Tarjeta de Salud en Puerto Rico.
Dada a las limitaciones en el financiamiento del programa, en Puerto Rico solo aplican 10 de los 17 beneficios obligatorios de Medicaid, por esto, uno de los compromisos de la comisionada es continuar luchando por el trato igual en el financiamiento de los programas federales de salud para que se puedan ofrecer más de estos beneficios mandatorios en la isla como serían servicios de salud en el hogar, transportación a citas médicas, servicios de enfermeras práctica, centro de cuidado especializado de enfermería para personas mayores de 21 años, servicios de parteras y otros.
Otro efecto del límite de financiamiento federal es el uso por Puerto Rico, de una fórmula criolla del nivel de pobreza que excluye a miles de pacientes. Esta fórmula equivalente a un 40 por ciento del porciento de nivel de pobreza federal, algo que la comisionada continuara trabajando en su próximo cuatrienio.
Equiparar el nivel de pobreza al federal, fue uno de los programas nuevos para los cuales la congresista consiguió fondos adicionales en el Further Appropriations Act, casi $350 millones anuales, y que no se pudo poner en vigor por objeciones de la Junta de Control Fiscal.
El programa de “Disproportionate Share Hospital” (DSH) compensa a hospitales que atienden un número desproporcional de pacientes de bajos ingresos, por los costos del tratamiento de estos pacientes que no están cubiertos por otros pagadores como Medicare, Medicaid, CHIP u otros planes médicos. Puerto Rico no goza de una asignación de Medicaid DSH para sus hospitales. La comisionada buscará que los hospitales en Puerto Rico reciban un trato justo para poder beneficiarse de los pagos de DSH y ya ha iniciado esta gestión.
La Parte B de Medicare es aquella que provee cubierta para citas médicas, servicios ambulatorios, equipo médico, diálisis entre otros servicios médicos preventivos.
Contrario a los Estados Unidos, en Puerto Rico, los beneficiarios no quedan automáticamente inscritos y si no lo hacen en el periodo inicial de 7 meses, e les impone una penalidad de por vida del 10% de la prima por cada año de tardanza. La comisionada continuará trabajando para eliminar esta discriminación, ya ha presentado legislación como el HR 2310 Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare de 2019.
Medicare Parte D es un beneficio voluntario de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios para personas con Medicare, proporcionado a través de planes privados.
Los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico no son elegibles para los subsidios federales que ayudan a costear las cubiertas opcionales de Medicare (Parte B y Parte D), conocido como el “Low Income Subsidy” (LIS) y del que se pudieran beneficiar en Puerto Rico aproximadamente sobre 500,000 personas.
El fondo para medicamentos que sustituye el “Low Income Subsidy” en Puerto Rico requiere del pareo de fondos del gobierno local y está sujeto a los límites del financiamiento federal de nuestro programa de Medicaid, a diferencia del subsidio disponible a los residentes de los estados. La comisionada continuará abogando por extender la disponibilidad de los subsidios a las cubiertas opcionales de Medicare a los residentes de Puerto Rico.
