Sostienen que la inexistente fiscalización del contrato por parte de la Agencia nos ha llevado a la debacle actual
Ante la creciente preocupación por la falta de una fiscalización efectiva del contrato con LUMA Energy, el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Luis Camacho Semidei junto a un grupo de líderes emplazaron a la Comisionada Residente, Jenniffer González a asumir su responsabilidad en el gobierno del PNP y solicite la destitución del director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés.
“Desde la implementación del contrato, Fontanés se ha dedicado a defender a LUMA y de privar al pueblo puertorriqueño de un servicio de calidad. La gente no aguanta otra explicación vacía y sin sensibilidad por parte de LUMA, hay que tomar acción contra esta compañía y eso es responsabilidad de la AAPP y de su director Fermín Fontanés. La Comisionada Residente es parte de este Gobierno y como presidenta del PNP puede exigir la remoción de este funcionario”, expresó Camacho Semidei
“La candidata a la gobernación por el PNP, usó de balón político el tema de LUMA en la primaria, pero más allá de eso no ha hecho nada por mejorar la situación de los residentes de Coamo, Aibonito y Santa Isabel. Ella puede comenzar solicitando la destitución de Fermín Fontanés pero no lo hará, porque su fin no es el pueblo, sino el poder”, sentenció el Secretario.
El grupo de líderes populares estableció que en el último año la Isla ha visto un aumento significativo en los apagones, la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura eléctrica y una respuesta insuficiente ante las emergencias. Problemas que han afectado la vida diaria de los ciudadanos puertorriqueños, y que ha tenido un impacto negativo en la economía local y la confianza en las instituciones gubernamentales.
“Este señor no ha sido responsable con sus obligaciones y a lo que se ha dedicado es a buscar culpables ante la falta de fiscalización, cuando es el encargado de supervisar que LUMA cumpla con su contrato. Ha mostrado una inacción preocupante y una incapacidad para asegurar que se cumpla con los términos acordados. Su falta de acción demuestra una grave negligencia en sus responsabilidades, poniendo en riesgo la estabilidad y el bienestar de nuestras comunidades”, manifestó Camacho.
