La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó un estudio sobre los efectos adversos de los despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal, sobre las finanzas del Gobierno. En particular, se analizaron aquellas demandas, querellas, sentencias y pagos motivados por acoso laboral y hostigamiento sexual contra empleados o funcionarios, y por discrimen político-partidista. La evaluación consistió en un análisis de la documentación de 79 entidades que respondieron de las 81 a quienes se le solicitó la información.
El Estudio reveló que del 2019 al 2023, se resolvieron nueve demandas sin costo para la entidad, que 13 funcionarios presentaron en los tribunales contra seis departamentos y agencias por motivos político-partidistas, acoso laboral y hostigamiento sexual. Estos funcionarios reclamaban $2,320,000.
Al 31 de enero de 2024, 20 demandas civiles contra 12 departamentos por $52,082,544, estaban pendientes de resolución por el Tribunal Federal y por el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. Estas demandas fueron presentadas por 60 empleados y funcionarios con el alegato de acoso laboral, discrimen político-partidista y hostigamiento sexual.
Por otro lado, 25 demandas civiles presentadas por 89 funcionarios con un reclamo de $19,070,400, por despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones, estaban detenidas al 31 de enero de 2024. Dos demandas, estaban detenidas por razones administrativas, nueve por razones no especificadas y 14 por la Ley Promesa.
La auditoría publicó también que 48 entidades certificaron que no tuvieron demandas, querellas u otras acciones de personal para el periodo evaluado del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2023.
El Área Municipal para el Desarrollo Económico (Coamo) y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Comunidades Especiales), son las dos entidades que no entregaron la documentación solicitada por la OCPR para realizar este estudio.
