Los problemas energéticos de Puerto Rico son un asunto serio. Mi administración ha estado enfocada en soluciones a corto y largo plazo, dentro del marco de la ley. Las propuestas que he escuchado no ofrecen nada nuevo. Hablar de fiscalización es hacer lo que estamos haciendo. Hablar de cancelación tiene consecuencias como un aumento sustancial en el costo de la luz y un atraso significativo en la transformación del sistema eléctrico. Hablar de cambios a los contratos con los operados privados que tenemos en el sistema eléctrico requiere que se cumpla con la ley y la constitución. Y ahora nadie quiere hablar de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica que sigue siendo otra piedra en el camino de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico.
