Por espacio de seis años, el presidente de la junta de directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo, CooPACA, Luis A. Galarza Pérez, se habría beneficiado de una exención contributiva por una propiedad que adquirió para sí, pero aparece registrada ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a nombre de la institución financiera.
La propiedad de unos 324 pies cuadrados ubica en la urbanización Catalana, en Barceloneta, y fue vendida el 15 de mayo de 2018 a Galarza Pérez por la suma de $30,000, según consta en la escritura de compraventa examinada por El Nuevo Día.
Sin embargo, la misma propiedad aparece registrada en el CRIM a nombre de CoopACA, gozando de una exención contributiva de unos $12,641, cifra que el directivo, ahora presidente de la junta de directores de la institución por los pasados años, se habría ahorrado.
Las sociedades cooperativas que operan en Puerto Rico están exentas del pago de contribuciones sobre la propiedad, al amparo de la Ley 291-1946, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas”.
La propiedad en cuestión fue reposeída por CooPACA en mayo de 2016, cuando los propietarios Esther Calderón Astacio y Jorge Roque González, con una hipoteca de $61,258.20, habrían incumplido con el financiamiento. El inmueble pasó entonces a la cartera de propiedades reposeídas de la cooperativa para su disposición. Galarza Pérez habría comprado la residencia por prácticamente la mitad de la hipoteca que adeudaba el matrimonio Calderón Astacio y Roque González.
Al micrófono, Luis Galarza Pérez, presidente de la Junta de Directores de Coopaca
El Nuevo Día constató que el número de catastro del inmueble coincide en ambos documentos, es decir en la escritura de compraventa como en la certificación de titularidad del CRIM.
Cuando se registra una compraventa mediante escritura, es responsabilidad del nuevo titular, o del abogado notario, como su representante, presentar una solicitud de cambio de dueño –Modelo AS-52- al CRIM.
La portavoz del CRIM, Migdalia Rivera, confirmó a este diario que “para esa propiedad, al momento, no figura en el expediente un cambio de dueño”. Por consiguiente, la propiedad cuenta con una exención en el pago de contribuciones, que gozaría indebidamente Galarza Pérez.
El Nuevo Día supo que Galarza Torres fue directivo en la oficina del CRIM en la región de Arecibo y que, presuntamente, fue destituido de su cargo a principios del 2000.
Este diario intentó comunicarse con Galarza Torres y, en varias ocasiones, se dejó mensaje en la administración de CoopACA para entrevistarle acerca de la situación, pero no recibió respuesta.
La propiedad en Barceloneta no habría sido la única de la cartera de propiedades adquirida por el presidente de la junta de directores de CoopACA.
En noviembre de 2021, Galarza Torres adquirió otros tres terrenos colindantes sumando unos 799.61 metros cuadrados, en Cataño, y que también pertenecían a la cartera de propiedades reposeídas de CooPACA.
Las transacciones totalizaron $30,000, entre los tres predios. Estos sí aparecen a nombre de Galarza Torres en los registros del CRIM, según los reportes de la agencia tributaria municipal.
La compra de propiedades reposeídas por parte de Galaza Torres sale a relucir luego de que El Nuevo Día reseñara que la junta de directores que preside Galarza Torres despidió de forma sorpresiva a Luis Gerena, quien fungió como presidente ejecutivo de la institución por apenas un año. Gerena habría sido removido de su cargo por un presunto desacuerdo en la aprobación de un préstamo comercial.
Una fuente cercana a la administración de la cooperativa confirmó a este diario que existían presuntos conflictos entre Gerena y la junta de directores, una dinámica que también marcó la relación, en múltiples ocasiones, entre el cuerpo rector y el pasado presidente de la cooperativa, William Méndez.
INTERÉS POR LAS REPOSEÍDAS
Según la fuente, entre las supuestas diferencias afloraba, además, que “había un interés personal” de parte de algunos miembros de la junta de directores en las propiedades de CooPACA.
Prueba de ello habría sido una oferta compra que presentó Nilda Díaz Díaz, también miembro de la junta de directores de CooPACA, por una propiedad en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto.
Nilda Díaz Díaz, miembro de la Junta de Directores de Coopaca.
El Nuevo Día tuvo acceso a una versión del documento de oferta de compra y examinó que aunque la oferta la hacía Díaz Díaz, la persona firmante en la oferta era Juan Cruz Batista, presidente de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto (CDETA), organización que también dirige Díaz Díaz.
Para cerrar la transacción, se requirió a la directivo que en el documento debían coincidir el nombre de la persona ofertante con la persona firmante, por lo que en una segunda versión de la oferta de compra, todo quedó todo a nombre de Cruz Batista, indicó la fuente.
La propiedad tenía un valor de $220,000, pero la oferta que Díaz Díaz hizo a la cooperativa de la que es parte fue de $175,000.
Al ser cuestionada al respecto, Díaz Díaz indicó que la oferta fue presentada por Cruz Batista para adquirir la propiedad, que consta de cuatro unidades de vivienda, para destinarla a proyectos de interés social, particularmente para la renta asequible a través de Sección 8.
“Yo vi una gran oportunidad para tener más unidades de vivienda para poderlas alquilar en el caso urbano (de Trujillo Alto) con Sección 8, reaccionó Díaz Díaz.
De acuerdo con la directora ejecutiva de CDETA, el edificio fue construido por la organización utilizando fondos combinados del Fideicomiso de Vivienda, fondos federales y un financiamiento de CooPACA. El fin de la estructura era proveer vivienda asequible, pero algunos de sus residentes comenzaron a fallecer.
“Yo hice una consulta a HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos) porque quería saber de qué manera yo podía volver a tener la propiedad porque se necesitan propiedades y HUD me dijo que tenía que esperar a que se ejecutara. Ahí, entonces, yo lo presento a la junta de directores (de CDETA) y ellos dijeron: ‘vamos a dejarle saber a CooPACA el interés que tiene la corporación para comprar la propiedad’”, subrayó.
Aunque la oferta no fue aceptada, puesto que hubo otro comprador que ofertó una mayor cantidad, la propiedad no ha podido ser vendida, ya que aparecen tres gravámenes en el historial, indicó Díaz Díaz.