[CIALES] Algarete los contratos de construcción en el Municipio revela infome del Contralor

 Preocupa una serie de contratos sobrevalorados y por encima de la norma en el Municipio de Ciales

OC-25-28

Municipio de Ciales

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Ciales.  Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el trabajo de la construcción de un gazebo en la escuela Toribio Rivera estaba sobrevalorado por $13,889.  Un auxiliar de ingeniero del Municipio había advertido al anterior alcalde, mediante carta, que la cotización del kiosko y del gazebo estaban por encima del costo estándar del mercado.  Un perito ingeniero civil y evaluador profesional de la OCPR especificó, que el costo del gazebo era de $9,986 y no de $23,875.

La auditoría de siete hallazgos señala que, del 2019 al 2022, el Municipio de Ciales contrató cinco compañías para llevar a cabo servicios de refrigeración y electricidad en cinco proyectos a un costo total de $569,189.  Al respecto el Municipio no tuvo certeza de la capacidad del personal que rindió los servicios ya que el contratista A no era técnico de refrigeración, el contratista B no tenía licencia de técnico de refrigeración, el contratista C no era técnico de refrigeración, el contratista D tenía la licencia de electricista vencida desde el 2010, y el contratista E no aparecía registrado como técnico de refrigeración en la Junta de Técnicos de Refrigeración.

Esta situación se refirió a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Peritos Electricistas; y a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, para que tomen las medidas pertinentes.

Los contratistas A, B y C subcontrataron personal para realizar trabajos de instalación de aires acondicionados sin notificarlo al Municipio en contravención del Código Municipal de 2020.  Además, la directora de Finanzas no les exigió a los contratistas la certificación de labor realizada requerida por la Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.  Estas situaciones impidieron verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad de los desembolsos.

El Municipio no solicitó permisos para la construcción de obras de tres escuelas, una cancha de escuela y de las aceras de la carretera 615 del barrio Pozas.  Esto constituye un 28% de la muestra evaluada.  Además, la secretaria municipal tampoco le requirió el payment bond a cuatro contratistas, ni la evidencia de póliza de responsabilidad pública para un proyecto de pavimentación de vías públicas a otro contratista.  El payment bond es la fianza prestada para garantizar el pago de la mano de obra, equipo y materiales.

Los funcionarios de Ciales no suministraron los estimados de costos de las mejoras de la biblioteca y escuela Jaime Coira, ni de la construcción de la escuela Toribio Rivera.  Tampoco entregaron los informes de inspección.  Estas situaciones impiden mantener registros permanentes y confiables de las autorizaciones y los acuerdos del Municipio con el contratista.

El Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública para la construcción y mejoras de la antigua escuela Jaime Coira.  En su lugar, el entonces alcalde fraccionó los trabajos en contratos que fluctuaban entre $68,400 a $199,617 mediante solicitud de cotizaciones con dos contratistas para un costo total de $776,061.  Esta situación impidió la libre competencia, y propicia el favoritismo, la colusión y el fraude.

Aunque la escuela está en buenas condiciones, la misma no está en uso.  Además, el edificio de la escuela es propiedad del Departamento de Transportación y Obras, por lo cual el Municipio no lo puede incluir en sus activos de capital.

El proceso de recibo y adjudicación de cotizaciones no se realizó de acuerdo con la ley y la reglamentación.  De las 26 cotizaciones evaluadas para la construcción de tres proyectos del 2019 al 2022, 19 cotizaciones no identificaban quién las revisó, 13 no identificaban con nombre, título y firma al empleado que las recibió, y tres cotizaciones fueron adjudicadas por una funcionaria no autorizada.  De hecho, al 31 de diciembre de 2022, el Municipio no tenía la unidad de compras centralizado.  Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-21-10.

La Oficina de Auditoría Interna no había efectuado auditorías al 11 de marzo de 2022 sobre los controles internos, las operaciones municipales de fondos públicos, y las recaudaciones entre otras intervenciones basada en un plan de riesgos.  Además, el auditor interno en funciones no preparó los planes de auditorías para los años fiscales de 2020 y 2021.  Uno de los auditores internos indicó que no pudo cumplir por razones de salud, y el otro indicó que estuvo ocho meses sin oficina, sin impresora, ni personal, ni secretaria que le ayudara con los trabajos. ­

La Comisión de Auditoría y Asuntos del Contralor de la Legislatura tampoco ejerció adecuadamente su función fiscalizadora ya que no evaluó los estados financieros auditados, ni dos informes de monitoreos federales: el programa Housing Opportunities for Person with Aids y el programa Section Eight Management Assessment Program.  La Comisión sí se reunió en tres ocasiones para dar seguimiento al Plan de Acción Correctiva del Informe M-21-10 de la Contraloría.

La auditoría publica que en el garaje municipal y en el departamento Conservación y Ornato, no realizaban inventarios físicos anuales de los materiales, no mantenían inventarios perpetuos de las piezas y equipos, ni expedientes completos de los vehículos de motor, entre otros.  Al 31 de diciembre de 2021 el Municipio contaba con 90 unidades de vehículos, equipos pesados y motoras.

Además, las encargadas de propiedad no realizaron inventarios físicos anuales del 2020 ni del 2021, y la directora de finanzas no había realizado los procedimientos para disponer de 27 vehículos de motor inservibles.

El Informe comenta que el Municipio de Ciales no ha recobrado $65,002 correspondiente a los hallazgos de informes de auditoría de 2010, 2016 y 2017.  Además, al 31 de diciembre de 2022, tres demandas por $371,812, estaban pendientes de resolución en los tribunales.

El presupuesto de Ciales fue de $7,578,178, $6,818,395 y $7,922,974 para los años fiscales del 2020 al 2022 respectivamente.  Los estados financieros reflejaron déficits acumulados por $3,187,446, $4,741,11629 y $4,839,153 del 2019 al 2021 respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.

Este informe del Municipio de Ciales cubre el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.