Ante la ola de congelación de fondos federales que el presidente Donald Trump firmó esta semana mediante orden ejecutiva, hay una sección de fondos de las leyes de infraestructura y Reducir la Inflación (IRA, en inglés) que demócratas del Congreso estiman va tener un impacto general sobre dichas asignaciones. En Puerto Rico estos fondos han superado los $3,000 millones, según reporta la prensa en la capital federal.
Ante esta situación, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, señaló que de inmediato está en el proceso de obtener toda la información necesaria. Nuestro representante en el Congreso dijo, que la hoy gobernadora Jenniffer González, al dejar el puesto de Comisionada Residente, dejó “absolutamente nada” en términos de información a su sucesor. O sea, no hubo interés alguno en procurar que no se interrumpiera el acceso a los fondos federales a los que Puerto Rico tiene derecho como Estado Libre Asociado. Ya eventualmente se sabrá el daño pueda causar esta obvia intención de no cooperar con la determinación de los sobre 500 mil electores de todos los sectores políticos que confiaron en la visión e ideas del hoy Comisionado Residente.
Durante el pasado cuatrienio, en medio de su guerra con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, González se vanagloriaba de haber sido la Comisionada Residente que más fondos federales había traído a Puerto Rico, pero aún siendo de la misma administración, no hubo efectividad en el manejo de los mismos, una realidad que expresan alcaldes de ambos partidos. De hecho, se sabe que de los $11,800 millones asignados para el área energética, no se han utilizado aún ni siquiera el 10% de esos fondos disponibles.
Este cuatrienio ciertamente tendrá grandes retos ante la administración republicana de Donald Trump, cuyas determinaciones de ahora incidirán en las elecciones congresionales dentro de dos años. Ciertamente la misión del Comisionado Residente es clara, cambiar positivamente la discusión en torno a Puerto Rico y concentrar el discurso en potenciales medidas de desarrollo económico. En esa misión, se está comenzando prácticamente desde cero, dado que la administración pasada en la capital federal perdió ocho años en el cabildeo del tema del estatus, sin avanzar un ápice.
El que la hoy gobernadora no haya dejado un informe de los trabajos realizados en Washington y los que quedaron en proceso, evidencia primero una ceguera política que le hace daño al país, pero también la pérdida de una oportunidad de demostrarle a nuestro pueblo lo que pudo haber logrado. De esta manera que queda establecido: en Washington, Jenniffer González no nos dejó nada.