Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo
La construcción del Desvío Oeste en Mayagüez y otros desarrollos comerciales en la periferia, que destruyeron humedales y alteraron la hidrografía de los ecosistemas colindantes al Caño Boquilla en ese municipio, empeoran las inundaciones que afectan continuamente a los residentes en el sector El Maní.
por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
Eran las 8:12 p.m. del sábado 25 de mayo de 2024, cuando Jorge Ramírez González y María L. Carrero Orsini, ambos de 74 años, supieron que nuevamente tendrían que invertir tiempo y dinero en limpiar profundamente el fango que había en su casa. Unas horas antes, la vivienda en la que ambos criaron a sus tres hijas en el sector El Maní, en Mayagüez, se inundó cuando el canal aledaño a su propiedad se salió de su cauce tras una fuerte lluvia.
La pareja experimentó frustración e intranquilidad. Y estos sentimientos se repiten cada vez que su casa se inunda por las crecidas que afectan a El Maní, una comunidad en el litoral mayagüezano perteneciente al barrio Sabanetas, cuyos residentes tienen bajos ingresos económicos de acuerdo con los datos más recientes del Censo de Estados Unidos. La calle Villa Ramírez, donde residen Jorge y María, es la más susceptible a las inundaciones.
La familia Ramírez Carrero asegura que vive a merced de las inclemencias del tiempo, pues se han agravado las inundaciones en el área. La frecuencia con la que se desborda la calle depende de las pulgadas de lluvia que caigan, pero como la capacidad de drenaje allí es deficiente, no tiene que llover torrencialmente para que haya una inundación.
Esa angustia que siente el matrimonio cada vez que el cielo se nubla no siempre estuvo ahí. Aunque en su calle a veces se acumulaba el agua, el problema se agravó a partir de las obras hechas como parte de una ampliación en la carretera PR-64 hace más de una década, asegura la pareja.
Jorge Ramírez González y María L. Carrero Orsini, matrimonio residente en el sector El Maní, justo en frente donde ocurrieron las alegadas mejoras a la carretera PR-64 en 2008. Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo.
La construcción vial se sumó a otros desarrollos comerciales en la periferia que destruyeron humedales, alteraron la hidrología del área y contribuyeron a la “impermeabilidad” que padece El Maní. Ese es el término utilizado para referirse a la pérdida de capacidad del suelo de absorber el agua de manera natural, en este caso, de escorrentías y de lluvia, explicó el Dr. Walter Silva Araya, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
“Con cada nuevo desarrollo ha aumentado la impermeabilización de la comunidad”, dijo Silva Araya. “Esta tendencia es lo que ha aumentado el agua [que se acumula]”.
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El Maní es un ejemplo de cómo la planificación desordenada eleva los niveles de vulnerabilidad de carreteras, como la PR-64, cuando ocurren eventos extremos de lluvia y sequía, los cuales se espera aumenten a consecuencia de la crisis climática. Esta situación pone en riesgo a los usuarios de esas vías y principalmente a los residentes en el área, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Las inundaciones, que se agravaron en El Maní desde el inicio de la construcción del desvío de la PR-64 en 2008, fueron la consecuencia de ignorar las experiencias históricas de las comunidades.
En Puerto Rico, casi un 15% de las carreteras municipales y estatales están en zona inundable, con al menos un 1% de probabilidad de ocurrir al año, encontró un análisis del CPI con datos del Plan de Uso de Terrenos y los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados de la Junta de Planificación.
La comunidad El Maní nació a finales de la década del 50. Según un estudio del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) liderado por el doctor Edwin Asencio Pagán, en la década del 70, el Gobierno de Puerto Rico entregó títulos de propiedad sobre las parcelas en el sector a familias identificadas como de escasos recursos económicos. Con aproximadamente 1,200 residentes, según datos del censo de 2020, fue declarada Comunidad Especial en 2001. De acuerdo con la Ley para el Desarrollo Integral de Comunidades Especiales de Puerto Rico, para que una comunidad sea considerada como tal debe reunir parámetros como bajo nivel socioeconómico, condiciones de infraestructura básica inadecuada, alta proporción de personas desempleadas, altas tasas de analfabetismo, baja escolaridad, condiciones ambientales peligrosas o viviendas deterioradas.
¿Quién está preparado para vivir así?
Desde que se iniciaron las obras en la carretera PR-64 en 2008, el hogar de los Ramírez Carrero se inunda al menos dos veces al año, relató la pareja al CPI.
Calce: El sábado, 25 de mayo, la vivienda de la Familia Ramírez Carrero volvió a inundarse luego de que aumentaran los niveles de agua en la carretera PR-64. Foto por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
Ramírez Morales y Carrero Orsini dijeron que no necesitan que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) les certifique que esa construcción empeoró las inundaciones en su calle porque su experiencia les llevó a advertir, hace más de una década, a funcionarios y contratistas de esa corporación pública que se agravarían las inundaciones cuando el proyecto estaba en construcción. Lo hicieron en persona y por escrito. No los escucharon.
“Cuando hicieron la carretera, que nosotros veíamos los problemas que íbamos a tener, fuimos a reclamarle a una ingeniera del gobierno”, dijo Ramírez Morales, sin poder recordar el nombre de la persona con la que habló. “Ella, ya molesta, me comentó que nosotros estábamos protestando mucho sin ver el proyecto terminado. Yo le dije: ‘Usted tiene mucha razón. Cuando usted termine el proyecto y lo entregue, usted va a Arecibo o a Ponce a hacer un proyecto de la misma categoría, y nosotros nos vamos a quedar con el problema, que es lo que ha ocurrido del 2010 para acá’”, relató.
Durante unas vistas públicas celebradas en 2004, los residentes en la comunidad mostraron preocupación ante la posibilidad de que las obras aumentaran los niveles de inundación allí, recoge el documento de evaluación ambiental. En respuesta a esa preocupación de los vecinos, la ACT les prometió que no se elevaría la carretera. De acuerdo con documentos revisados por el CPI, aumentar su nivel empeoraría las inundaciones en la comunidad, explicó el diseñador del proyecto, Carlos M. Rexach Soto.
La Autoridad de Carreteras aseguró, en las evaluaciones ambientales del proyecto, que el 80% de los residentes de El Maní “entrevistados” estaba de acuerdo con la ampliación de la PR-64, pero no precisó a cuántas personas entrevistó para obtener ese porcentaje.
Las dos ingenieras de la ACT a cargo del proyecto fueron Ivelisse Pérez Márquez y Yaritza Cordero Bonilla. En el proyecto también participaron la firma Roberto Rexach Cintrón & Associates y la constructora Tamrio, según dos expedientes de la ACT y de la Administración de Tribunales a los que tuvo acceso el CPI.
La ingeniera Cordero Bonilla, administradora del proyecto y empleada de la ACT, confirmó al CPI que, a inicios del proyecto, conversó con representantes de la mencionada firma de ingenieros acerca de la preocupación de los residentes con la ampliación de la PR-64. Carlos M. Rexach Soto respondió que, independientemente del diseño del proyecto, la comunidad estaba ubicada en zona inundable. Así que la obra continuó.
Al fin y al cabo, “el ámbito del proyecto no estaba concentrado en solucionar los problemas de inundación del área”, aunque su diseño, según la firma Rexach & Cintrón & Associates en una de sus misivas a la ACT, intentaría disminuir las inundaciones. Pero el problema se agravó.
“Eso es mentira”, respondió Ramírez Morales a preguntas sobre si la comunidad siempre se inundaba, como afirmaron las ingenieras al ser entrevistadas. “Ahora, con cualquier lluvia, se inunda. No tiene que venir un huracán para inundarse”, aseguró el ciudadano.
Jorge Ramírez niega que la comunidad tuviera repetidas inundaciones en la carretera antes de su ampliación. Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo
Advertencias ignoradas por la ACT
Desde septiembre de 2011, cuando llovía, el nivel de agua en la carretera impedía el paso y dejaba incomunicados a los residentes, advirtió en una carta a la ACT Wilfredo Ramírez Morales, vecino de El Maní.
Esto fue antes de que el proyecto de construcción terminara. “Están a tiempo de corregir los problemas que están causándonos, privándonos del derecho a la entrada y salida libremente de nuestros hogares y haciendo que nuestras propiedades pierdan valor”, reclamó entonces Ramírez Morales.
El camionero, nacido y criado en la comunidad, aseguró al CPI que su propiedad solo se había inundado en dos ocasiones antes de la ampliación de la PR-64; una cuando el Río Grande de Añasco se desbordó por las impetuosas lluvias del huracán Eloisa en 1975 y otra en 1997, durante el huracán Georges.
En entrevista con el CPI, el supervisor de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Mayagüez, Alfredo Vargas, explicó que la PR-64 se inundaba “siempre que llovía”. Sin embargo, alegó que unas mejoras del municipio a la PR-64 han mermado las inundaciones en la zona, aunque no se han remediado completamente, según publicaciones en redes sociales de los propios residentes en la comunidad.
Usuarios de la red social Facebook comentan sobre una inundación en la PR-64 en 2019. Foto tomada de Facebook
Una demanda de 2010 por expropiación relacionada al proyecto, que todavía está activa, alega que la constructora Tamrio — contratada por la ACT — tapó la salida de unas tuberías de desagüe en la PR-64 durante su ampliación hace más de una década. Esto provocó que la vivienda de una de las familias del sector se inundara y terminara inhabitable. La familia Villarrubia Ramírez alega que la agencia sabía que la propiedad se inundaría.
El informe sobre el problema de inundaciones que hizo la ACT en 2015 también recoge las denuncias del ingeniero y agricultor Enrique Calderón, quien alegó ante la Oficina del Procurador del Ciudadano que su terreno en El Maní comenzó a inundarse hasta tres pies de altura después de que se culminó el proyecto, lo cual dañó sus cultivos.
El entonces Director del Área de Construcción de la ACT, Noel E. Rosario Hernández, solicitó al Grupo Interdisciplinario de Pre-Planificación de la corporación pública que evaluara el problema de inundaciones en la PR-64, particularmente entre los kilómetros 0.3 y 0.4.
Su sugerencia principal fue “dragar el canal” desde un puente aguas arriba en la PR-64 hasta su punto de conexión con el Caño Boquilla. También establecer un programa de mantenimiento recurrente del canal para minimizar el problema de inundación, pero en el informe se reconoce que, “aún en óptimas condiciones, el canal no tiene capacidad para controlar escorrentías de eventos de lluvia extraordinarios”.
La carretera PR-64 es usualmente un desvío para aliviar el tráfico a través de la PR-2. Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo.
La ampliación formó parte del proyecto Desvío Oeste, a cargo de la ACT y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), un ambicioso proyecto vial que comenzó hace más de 20 años que buscaba descongestionar el tráfico de la PR-2 y proporcionar a los turistas una carretera costera con un paisaje agradable.
El exsecretario de DTOP Rubén A. Hernández Gregorat destacaba las mejoras al tramo donde viven los residentes en la calle Villa Ramírez y las incluía dentro de la transformación de infraestructura a la que se sometería la zona en el marco de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Mayagüez en 2010. El CPI intentó comunicarse con Hernández Gregorat sin éxito.
El proyecto del llamado Desvío Oeste se dividió en múltiples fases que incluían ampliar, pavimentar, rotular, sembrar, así como construir sistemas de drenaje y hacer las carreteras PR-2, PR-64 y PR-341 más amigables a los peatones, según las evaluaciones ambientales del proyecto. El costo de la ampliación de la PR-64, que conecta la PR-2 con la PR-341 en la comunidad El Maní, fue de $11.6 millones, según Juan Olmeda Reyes, oficial de prensa de la ACT.
Cúmulo de problemas
A través de los años, tanto los vecinos como la administración municipal de Mayagüez han identificado un exceso de sedimentación en el canal tributario cuando llueve mucho, deficiencias en el desagüe e incapacidad del canal para recoger las aguas. Los residentes también mencionan que el declive que se diseñó en la carretera, en lugar de ayudar a que las aguas pluviales discurran hacia fuera de la comunidad, las mueve a sus casas.
El declive tenía el objetivo de encauzar las aguas a los drenajes que conducen al canal tributario, según el informe de evaluación que hizo la ACT en 2015. Pero en el mismo informe se reconoce que el canal carece de capacidad para captar las aguas pluviales durante eventos extraordinarios, como vaguadas y tormentas. La experiencia para los residentes, sin embargo, ha sido que, aun en eventos de lluvia moderada, el canal es incapaz de captar el agua y, por lo tanto, las escorrentías se acumulan en la vía pública y en la comunidad.
El informe reconoce: “Lamentablemente, cuando el canal está lleno, la tajea y los drenajes también están llenos a capacidad y se acumulan las aguas en la carretera y colindancias inmediatas”.
Mapa de carreteras inundables: 
Ivelisse Pérez Márquez, directora de la Oficina Regional de la ACT en Mayagüez durante el proyecto, dijo al CPI que su agencia no podía alterar el canal como parte del proyecto debido a que hacer esto era responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El historiador mayagüezano Javier Cesaní Román explicó al CPI que el canal fue diseñado por terratenientes del azúcar entre las décadas del 40 y el 50 por recomendación del Gobierno de Puerto Rico. El proyecto fue costeado con fondos privados.
De acuerdo con el Catastro Digital del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), el Caño Boquilla está adyacente a 12 terrenos privados pertenecientes a dueños distintos.
Como la construcción del canal fue una inversión privada, el DRNA no tiene obligación de darle mantenimiento, según la Ley 55 de 2004. La ley no precisa sobre cuál entidad gubernamental recae el mantenimiento del cauce, sino que depende del trabajo que quiera hacer el DRNA en coordinación con el Municipio y con el propietario del terreno.
El oficial de prensa del DRNA al momento del reportaje, Joel Seijo Rivera, indicó que la responsabilidad de limpiar quebradas, arroyos y caños recae en los municipios y que la agencia no tiene ningún proyecto de limpieza para la quebrada El Maní o el Caño Boquilla.
Ninguno de los estudios ambientales del proyecto revisados por el CPI anticipó que eventos de lluvia sostenidos, más allá de vaguadas, tormentas y huracanes, provocarían que las casas colindantes se inundaran.
Las dos ingenieras del proyecto coincidieron durante una entrevista conjunta con el CPI en que el canal se tenía que limpiar periódicamente ante la pobre capacidad de captación de agua durante eventos de lluvia extraordinarios. En años recientes, esta limpieza la ha asumido el Municipio.
“Cuando el caño no está en condiciones [limpio], la carretera coge más agua”, indicó Pérez Márquez.
La ingeniera Cordero Bonilla explicó que tanto la ACT como el DTOP limpiaron el canal una vez se finalizó el proyecto de ampliación en la PR-64 en 2012. Desde ese entonces, el Municipio se ha hecho cargo de su limpieza, dijo el alcalde Jorge L. Ramos Ruiz.
Fallas de construcción identificadas por el Municipio
El Alcalde de Mayagüez explicó que hace dos años, en una de las limpiezas del canal de agua, encontró una acumulación de tierra que obstruía el flujo de agua que, a su juicio, pudo haber agravado las inundaciones en el sector.
El material fue encontrado en un tramo donde hubo un tipo de puente que se utilizó durante un tiempo para el desarrollo de una finca de mitigación, para remediar los daños a los humedales aledaños como parte del proyecto vial. El CPI intentó visitar la finca, pero está inaccesible. Los vecinos de la comunidad aseguran que está en completo descuido.
También indicó que empleados municipales encontraron que el sistema de drenaje de la PR-64 no se había terminado de construir, lo que abonaba a la acumulación de agua en la vía. La administración municipal reemplazó los desagües por unos más grandes, a un costo de unos $5,000, dijo el alcalde.
El ingeniero y alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz, ha denunciado las inundaciones en El Maní. Foto por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
Para Ramos Ruiz un rediseño de la carretera que eleve su nivel es la única solución permanente al problema de las inundaciones. Pero la firma de ingeniería Roberto Rexach Cintrón & Associates descartó desde el principio elevarlo porque entendía que, en lugar de aliviar la inundación, la empeoraría porque se acumularía incluso más agua, según una comunicación que la empresa mantuvo con la ACT.
En tanto, la ingeniera Pérez Márquez aseguró al CPI que no hay nada que reparar porque el proyecto está “bien hecho” y se hizo conforme a los planos, pasó inspección final y aprobación de la Federal Highway Administration.
“No podemos perder de perspectiva que esta zona es inundable y que el nivel freático está más alto que el nivel de sus patios”, destacó.
