Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en ambos cuerpos legislativos presentaron en el día de hoy una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que resultó en la divulgación de la información de 6,000 residentes extranjeros con licencia de conducir provisional a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Así lo informaron los portavoces del PIP en el Senado de Puerto Rico, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en ambos cuerpos legislativos presentaron en el día de hoy una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que resultó en la divulgación de la información de 6,000 residentes extranjeros con licencia de conducir provisional a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Así lo informaron los portavoces del PIP en el Senado de Puerto Rico, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa.
La legislación presentada surge luego de que la funcionaria de ICE en Puerto Rico admitiera a la prensa que bastó con solicitar dicha información al DTOP, para que la misma fuera provista.La agente hizo referencia a la colaboración continua del gobierno local con los esfuerzos dirigidos a la deportación de personas con estatus migratorio irregular.
Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes. El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, con lo cual se generó la expectativa de los datos obtenidos por el gobierno de Puerto Rico no serían entregados a las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
La Resolución presentada solicita al Senado investigar el proceso llevado a cabo por el DTOP para la divulgación de tal información y extiende la pesquisa al Gobierno de Puerto Rico en general, con el fin de que se documente cualquier otra colaboración de las autoridades locales con las federales que puedan estar afectando los derechos de residentes de Puerto Rio.
“El gobierno de Puerto Rico tiene unas facultades muy limitadas al momento de divulgar información que esté bajo su custodia. Dichas facultades se restringen aún más cuando hay una ley, como la Ley 97-2013, que protege de manera expresa la información de las personas. A todas luces, el gobierno actuó de manera ilegítima al divulgar información cuando por ley les estaba prohibido tal proceder. Pero no debe extrañarnos este incondicionalismo de Jenniffer González y su gobierno. Durante la campaña electoral advertimos que de ganar Trump, vendrían tiempos difíciles y, ante acciones hostiles y abusivas de su parte, Jenniffer, sería cómplice y respondería a los intereses de Trump y no de nuestro país”, señaló el senador González Costa.
