Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en ambos cuerpos legislativos anunciaron una ofensiva en los municipios del país que busca garantizar la protección de derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico ante los arrestos y redadas que realizan las autoridades federales.
Se trata de una ordenanza para someterse ante la consideración de las legislaturas municipales y establecer así la política pública de los municipios para que se garantice la protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades municipales y las autoridades federales de inmigración y para asegurar que sean en estricto cumplimiento con el estado de derecho.
“En febrero las delegaciones del PIP radicamos los proyectos 331 en la Cámara de Representantes, y el 379 en el Senado por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), precisamente para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico. Ante la inacción del liderato legislativo para considerarlos, y el recrudecimiento de las redadas tras la vergonzosa docilidad con la que el gobierno entregó información de aproximadamente 6,000 personas a las autoridades federales, hemos adaptado los proyectos en una ordenanza municipal para que nuestros legisladores las sometan y así dotar a los municipios de una herramienta en defensa de nuestras comunidades inmigrantes”, expresó el portavoz cameral del PIP, Denis Márquez Lebrón.
En tanto, sus homólogas en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, explicaron que la referida ordenanza municipal establecería los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades municipales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
Gutiérrez Colón y Lebrón Robles pusieron como ejemplo la situación ocurrida con una mujer inmigrante de nacionalidad dominicana en Cabo Rojo que fue arrestada por las autoridades federales luego de que un policía municipal alertara a las agencias de inmigración mientras esta buscaba información para establecer un negocio ambulante en la alcaldía.
“En la situación de Cabo Rojo tenemos a un guardia municipal que según el alcalde actuó por cuenta propia cuando decidió alertar a las autoridades federales para que arrestaran a la mujer dominicana, sin haber cometido delito alguno, con permiso de trabajo en los Estados Unidos y sin una orden judicial. Con nuestra iniciativa se establecen los parámetros y protocolos para garantizar que no se continúen violentando los derechos de nuestras comunidades inmigrantes”, indicó Gutiérrez Colón.
Márquez Lebrón había advertido anteriormente “que las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación de derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”.
Los tres legisladores no descartaron otras iniciativas en solidaridad con las comunidades inmigrantes en Puerto Rico asediadas desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump.
