Las declaraciones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal sobre una nueva ola de despidos en el sector público, o que se reniegue de ciertos beneficios mínimos para la jubilación y plan médico, es la admisión clara del fracaso de la Junta en su alegada misión de enderezar las finanzas del país.
La persona que al son de $650,000 al año dirige el ente dictatorial que controla cada centavo del dinero público y que nos ha costado ya más de $200 millones, dice que la ÚNICA opción es más pobreza y precariedad para nuestra gente. Ni de lejos plantea un manejo de la deuda que asegure que ni un dólar vaya a los acreedores hasta que se atiendan las necesidades fundamentales del país, y aún eso, sólo después de una auditoría fiscal y política de la deuda.
Tampoco cuestiona
el sistema contributivo que regala exenciones y créditos a los que más tienen mientras asfixian a los que teniendo menos, aportan más. Y ni palabra de la inexistencia, de un proyecto de desarrollo económico- en cuatro años, esa gente, con todo su poder, no ha logrado una sola iniciativa que impulse la economía. Al contrario, con el cierre de escuelas y la “deforma laboral” se aseguran de que su agenda empobrecedora tenga efecto a muy largo plazo.
Hay que ser muy ingenuo, muy perverso o muy boquibajo para, a estas alturas, tener otra postura que no sea la de confrontación y combatividad contra la dictadura de la Junta. Reitero lo que dije hace cuatro años: A la Junta ni un vaso de agua.
