Tras el más reciente aumento en la tarifa de la luz anunciado la semana pasada, sectores energéticos, sindicales, ambientales sociales, religiosos, comerciales, entre otros presentaron una alternativa al actual modelo energético del país, que plantea revertir la privatización del sistema eléctrico y regresar a un modelo público bajo una Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reformada y democrática.
“La propuesta de una AEE reformada responde al fracaso rotundo del modelo privatizador implementado a través de contratos con empresas como LUMA Energy, Genera PR, New Fortress y AES. Estos contratos, respaldados por la Junta de Control Fiscal, prometieron tarifas estables, reducir los costos de operaciones y del gasto público, y modernizar el sistema para que este fuera más confiable y eficiente. Sin embargo, el costo por kilovatio-hora continúa en aumento, alcanzando los 26 centavos, una de las tarifas más altas en Estados Unidos, muy por encima de los 20 centavos prometidos”, explicó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club.
Vázquez detalló que el contrato de New Fortress, con las distintas extensiones que ha tenido, asciende a $250 millones anuales solo por entrega de gas. El contrato de Genera PR le hizo un pago único de $110 millones, dando adicionalmente el control exclusivo de ciertos muelles en San Juan.
Puntualizaron, además, que a la corporación carbonera AES Puerto Rico, se le agenció un rescate económico de parte del gobierno de $7,500 millones por los próximos 25 años. Esto le permite mantener funcionando la controversial planta de carbón y construir sus proyectos industriales de placas solares en suelos agrícolas.
“Adicional de lo que nos cuestan estas compañías, el contrato de LUMA Energy asciende a más de $140 millones anuales por cargos de servicios. Luma tiene un presupuesto de hasta $250 millones más alto del que se tenía en la AEE. Este contrato ha sido objeto de fuertes críticas por su ineficiencia, apagones frecuentes y falta de conocimiento técnico, en comparación con el peritaje de los empleados movilizados de la antigua AEE”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Los grupos precisaron que la propuesta de una AEE reformada incluye devolver los empleados movilizados, quienes tienen décadas de experiencia y conocimiento del sistema eléctrico; reformar la Junta de Gobierno de la AEE para que sea representativa y no responda a intereses político-partidistas; transformar el Negociado de Energía en un ente verdaderamente fiscalizador; y establecer una Autoridad Reformada que opere bajo control público y con mecanismos de participación ciudadana.
Por su parte, Maritza Maymí, portavoz del grupo señaló que, según el estudio del economista José Alameda, si la AEE hubiese continuado operando el sistema de transmisión y distribución, el costo proyectado para el período 2023-2037 sería de aproximadamente $1,900 millones de dólares. En cambio, con LUMA, los costos proyectados ascienden a $2,692 millones de dólares, generando un sobrecosto de 792 millones que será cargado a la tarifa eléctrica.
Los grupos insistieron en que el sistema eléctrico no puede seguir siendo un experimento costoso y contaminante, y que se necesita recuperar el control público, con transparencia, justicia y eficiencia, para garantizar el servicio y detener los aumentos constantes a la luz.
El llamado de estos sectores es a iniciar un proceso de diálogo y acción con la gobernadora Jenniffer González para reformar el sistema energético sin las cargas que han traído los contratos privatizadores, apostando a un modelo donde el servicio, y no el lucro, sea la prioridad.
“Le vendieron al país un sueño que se convirtió en pesadilla. Con la Autoridad, pagábamos menos y teníamos más. El gobierno tiene que aceptar que la privatización fracasó y no se puede seguir castigando al pueblo con un sistema eléctrico deficiente, contaminante y plagado de aumentos. Es momento de contar con una Autoridad de Energía Eléctrica Pública Reformada que responda al interés y necesidades públicas”, concluyó.
El grupo proponente compuesto por Sierra Club, UTIER,Toabajeños en Pro-Defensa del Ambiente, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Amnistía Internacional, Urbe APie, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Comité Diálogo Ambiental, Secretaría Ambiental del PIP, ProSol, Democracia Socialista, Sembrando Sentido, El Otro PR, entre otros.
