En un paso decisivo para robustecer el sistema de justicia y asegurar que las poblaciones más vulnerables tengan un acceso real y digno a los remedios de ley, la procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez encabezó hoy un adiestramiento de alto nivel dirigido a los miembros de la judicatura. Esta jornada de capacitación representa una continuidad directa a los esfuerzos de educación constante que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha liderado para profesionalizar la respuesta ante la violencia doméstica.
El taller fue diseñado específicamente para atender la intersección entre la violencia de género y la neurodiversidad, con un enfoque en la población autista, asegurando que las barreras de comunicación o comportamiento no interfieran con la protección de las víctimas. Esta iniciativa se inserta dentro de la política pública de la Gobernadora, Jenniffer González Colón cuya administración ha priorizado la educación judicial como pilar para una sociedad más segura y equitativa. Al amparo de la Ley 201-2003, según enmendada, la OPM ha integrado componentes jurídicos, médicos y comunitarios para ofrecer a los jueces de las salas civiles y criminales las herramientas necesarias para adjudicar casos con una visión sensible al trauma y libre de prejuicios sobre el autismo.
Al dirigirse a los presentes, la procuradora de las Mujeres enfatizó la importancia de este paso en la evolución del sistema legal puertorriqueño. “Este adiestramiento es una respuesta concreta a la necesidad de una justicia que no solo sea rápida, sino profundamente humana y conocedora de las realidades de nuestra gente. No podemos permitir que el desconocimiento sobre el autismo o la neurodiversidad se convierta en una barrera que silencie a una víctima o deje desprotegido a un menor en medio de un ciclo de violencia”, afirmó la funcionaria.
La jornada se dividió en dos sesiones estratégicas que abordaron las distintas facetas del proceso judicial. En la mañana, los jueces de las salas civiles y de familia analizaron estrategias para facilitar la participación de personas autistas en procesos de custodia, remoción y órdenes de protección bajo la Ley 54 y la Ley 57-2023. En la tarde, la atención se centró en el ámbito criminal, discutiendo el diagnóstico y las manifestaciones del autismo en mujeres víctimas, así como el cumplimiento estricto con la Carta de Derechos de las Víctimas y la Ley 163-2024.
Sobre la relevancia de estas capacitaciones, la también licenciada en derecho sostuvo que “la confianza del pueblo en el sistema de justicia se fortalece cuando cada actuación judicial es consistente con los más altos principios éticos y de accesibilidad. Estamos dando continuidad a un compromiso inquebrantable de esta Oficina para que cada mujer, independientemente de su condición de neurodiversidad, encuentre en el tribunal un espacio de protección y no de revictimización por falta de ajustes razonables”.
El evento contó con la participación de un panel de excelencia compuesto por la doctora Esther Figueroa Ríos, psicóloga experta en violencia familiar; Joyce M. Dávila Paz, directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico; y la licenciada Laura Hernández Gutiérrez, fiscal con vasta experiencia en política pública y litigación de casos de violencia doméstica. Este equipo interdisciplinario proveyó criterios prácticos para reconocer manifestaciones relevantes del autismo y aplicar ajustes que garanticen el debido proceso de ley sin menoscabar la función adjudicativa.
Finalmente, la procuradora de las Mujeres concluyó su intervención reafirmando la misión de su oficina como ente fiscalizador y educativo. “Nuestra meta es clara: garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo y no meramente formal. Con estos esfuerzos de capacitación, que forman parte de una estrategia gubernamental coherente y sostenida, estamos dotando a la judicatura de la sensibilidad y el conocimiento técnico necesario para que el sistema de justicia sea el escudo que todas las víctimas merecen, reconociendo siempre su dignidad y su derecho a ser escuchadas bajo sus propias realidades y necesidades”.
A través de esta jornada, la OPM reafirma su liderato en la defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso con una política pública que no deja a nadie atrás, transformando el conocimiento especializado en justicia real para miles de familias en Puerto Rico.
