Mentes Puertorriqueñas en Acción, Inc. (MPA) expresó hoy su preocupación ante el Proyecto de la Cámara 1115 (PC 1115), medida legislativa que propone derogar la Ley 47-2021 y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM), y transferir la facultad de revisión del salario mínimo exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
Para la organización, esta propuesta podría debilitar los mecanismos técnicos y periódicos que permiten evaluar el salario mínimo conforme al costo de vida, la inflación y las condiciones económicas que enfrenta la población trabajadora en Puerto Rico, particularmente los jóvenes.
“Desde nuestra experiencia acompañando a jóvenes universitarios, recién graduados y profesionales en Puerto Rico, hemos visto cómo el alto costo de vida limita profundamente la capacidad de los jóvenes para desarrollarse profesionalmente, participar activamente en la vida democrática del país y sostener un proyecto de vida digno en Puerto Rico. Esta discusión no solo afecta el salario digno que debe tener la población; se trata de garantizar las condiciones necesarias para que nuestra juventud pueda permanecer, liderar, construir comunidad y aportar al futuro del país”, expresó Carolina Mejías Rivera, Directora Ejecutiva de MPA.
La organización señaló que actualmente gran parte de la juventud puertorriqueña enfrenta altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, inestabilidad económica y agotamiento emocional, condiciones que limitan su capacidad de sostener procesos de liderazgo, participación cívica y desarrollo profesional.
Según datos recientes de la Encuesta sobre la Comunidad del Censo de Estados Unidos (2025), el 44.9% de las personas jóvenes entre 18 y 34 años vive bajo el nivel de pobreza. Además, investigaciones de la Universidad de Puerto Rico evidencian que una parte significativa del estudiantado universitario sobrevive con ingresos menores a $500 mensuales y continúa enfrentando inseguridad alimentaria y dificultades de vivienda.
“La discusión sobre el salario mínimo es una discusión sobre democracia, movilidad social y retención de liderazgos jóvenes. Cuando les jóvenes no pueden cubrir sus necesidades básicas, se limita su capacidad de participar activamente en la construcción del país”, añadió Mejías Rivera.
MPA explicó que eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo podría debilitar los procesos de revisión basados en evidencia y reducir la capacidad del país para responder de manera técnica y sostenida al aumento en el costo de vida.
La organización destacó la importancia de que la Legislatura de Puerto Rico garantice procesos amplios de participación ciudadana y diálogo multisectorial antes de aprobar cualquier medida que impacte directamente las condiciones laborales y económicas de la juventud puertorriqueña.
La organización también hizo un llamado a la ciudadanía a participar del conversatorio “Café Conciencia: ¿Se puede vivir con $10.50? Juventud y costo de vida en Puerto Rico”, espacio educativo y de diálogo público que se celebrará el miércoles, 27 de mayo, en las oficinas de Sierra Club en San Juan.
“Puerto Rico necesita políticas públicas que creen condiciones reales para que les jóvenes puedan permanecer, liderar y desarrollarse plenamente en el país. El fortalecimiento de nuestra democracia también depende de garantizar justicia económica y oportunidades sostenibles para las nuevas generaciones”, concluyó Mejías Rivera.
