Como directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, tengo el privilegio de conversar diariamente con alcaldes y alcaldesas que enfrentan enormes desafíos para atender las necesidades de sus municipios. Son servidores públicos que luchan por recursos para mejorar carreteras, fortalecer programas para adultos mayores, desarrollar proyectos económicos, atender emergencias y mantener servicios esenciales mientras enfrentan restricciones fiscales, burocracia y constantes obstáculos administrativos.
Por eso, al leer las expresiones atribuidas al Secretario de la Gobernación y las alegaciones que han trascendido públicamente, no puedo evitar preguntarme cuánto más avanzarían nuestros municipios si ese mismo nivel de urgencia, atención y movilización se utilizara para resolver los problemas que afectan a nuestra gente.
Porque si algo parece demostrar esta controversia es que cuando existe interés, las llamadas se hacen. Cuando existe voluntad, las reuniones ocurren. Cuando existe determinación, los mecanismos del gobierno se activan rápidamente. La pregunta es ¿para qué se utilizan? Mientras nuestros alcaldes buscan alternativas para sostener servicios esenciales y promover el desarrollo económico local, el país observa una controversia que gira alrededor de alegaciones sobre presiones políticas, influencias y decisiones administrativas que hoy son objeto de escrutinio público.
Y es precisamente ahí donde surge mi mayor decepción. Porque no estamos hablando de cualquier agencia. Estamos hablando del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, una entidad creada para impulsar el crecimiento económico del país. Una agencia llamada a atraer inversión, fortalecer nuestros pequeños y medianos comerciantes, promover el turismo, desarrollar el turismo médico, respaldar la innovación y crear oportunidades para que nuestros jóvenes puedan construir en nuestra Isla, su futuro. Cuando pensamos en el DDEC, pensamos en empleos y oportunidades. Pensamos en empresarios que necesitan apoyo para crecer. Pensamos en municipios que buscan herramientas para desarrollar sus economías locales. Pensamos en jóvenes que desean quedarse en Puerto Rico y aportar al desarrollo del país.
Por eso resulta tan frustrante que la conversación pública no esté centrada en nuevos proyectos de inversión, en la creación de empleos o en oportunidades para nuestros empresarios, sino en alegaciones relacionadas con quién ocupa una posición, quién responde a determinada estructura política o quién cuenta con el respaldo de determinados sectores partidistas. Puerto Rico necesita algo distinto. Necesita una NUEVA RUTA enfocada en instituciones y en resultados. Necesita servidores públicos comprometidos con abrir puertas para nuestra gente y no con controversias que erosionan la confianza pública.
Los municipios continúan haciendo más con menos. Nuestros empresarios continúan apostando por Puerto Rico. Nuestros jóvenes continúan esperando oportunidades. Ellos merecen que toda la energía del gobierno esté dirigida a crear desarrollo, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Porque el verdadero poder del servicio público no se demuestra por la influencia que se ejerce dentro de una oficina. Se demuestra por la diferencia que se hace en la vida de los ciudadanos. Y esa debería ser siempre la prioridad.
Verónica Rodríguez Irizarry.
