A una década de la aprobación de la Ley PROMESA, el informe, 10 años de PROMESA: recortan pensiones para pagarle millones extra a los bonistas, presentado por las organizaciones Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público y Construyamos Otro Acuerdo (COA) reveló que el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central impuesto por la Junta de Control Fiscal ha empujado bajo el nivel de pobreza a más de 60,400 pensionados del Gobierno Central, mientras aumenta las riquezas de los bonistas promoviendo el desembolsó de $1,523 millones solo en pagos extras a inversionistas de Wall Street entre 2022 y 2025.
El informe detalla que 6 de cada 10 pensionados del Gobierno Central viven bajo niveles de pobreza, mientras el Fondo General —la misma cuenta donde sale el dinero para los servicios esenciales, escuelas, hospitales, seguridad pública y pensiones— se utiliza para pagar bonificaciones extraordinarias y adicionales al pago regular de la deuda a inversionistas.
“Desde la Comisión llevamos monitoreando cuánto estamos pagando con los planes de ajuste de la deuda propuestos por la Junta, incluyendo los Instrumentos de Valor Contingente, y descubrimos que desde el 2022 hemos pagado sin parar bonificaciones adicionales al pago regular a los bonistas.” explica el Dr. José Alameda, economista y presidente de la Comisión.
El informe explica que los llamados Instrumentos de Valor Contingente, conocidos como IVC, operan como bonificaciones adicionales para bonistas si los recaudos del IVU superan ciertas proyecciones. Entre 2022 y 2025, esos pagos extras totalizaron $1,523 millones, para un promedio de $381 millones anuales.
En contraste, la misma Junta prohibió en el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central cualquier aumento en las pensiones o ajuste por costo de vida de 2.8% a todas las personas pensionadas que tendría un costo anual estimado de $72.3 millones. Es decir, no es por falta de dinero porque el gobierno ha destinado más de 5 veces esa cantidad anual a pagos extra para Wall Street.
“Mientras a los pensionados se les dice que esperen, a los bonistas se les paga extra. Mientras a los adultos mayores se les niega un ajuste mínimo para sobrevivir, Wall Street cobra bonificaciones millonarias del Fondo General. Esa es la verdadera prioridad fiscal del Gobierno y de la Junta”, añadió Myra Rivera, pensionada y portavoz de Construyamos otro Acuerdo.
El informe también cuestiona la narrativa oficial de que la reestructuración de la deuda logró un recorte sustancial de las obligaciones del país. Aunque la Junta afirma logró un recorte de la deuda de hasta un 80%, nuestro análisis sostiene que, al sumar pagos en efectivo y los IVC ya pagados, el recorte real se reduce dramáticamente.
“Le vendieron al país la idea de que la deuda fue recortada, pero cada pago extra a los bonistas achica ese supuesto alivio. El sacrificio no lo hizo Wall Street. Lo hicieron las personas pensionadas, los trabajadores, las comunidades y las familias puertorriqueñas que sufren el deterioro de los servicios esenciales y aumento en el costo de vida”, insistió la Lcda. Eva Prados, Directora Ejecutiva de la Comisión
Según explicó Prados, el recorte real baja de 80% a 58% luego del pago inicial en efectivo, y a 53% tras sumar los IVC pagados entre 2022 y 2025. En un escenario futuro en el que se alcance el tope de los IVC, el recorte podría reducirse a apenas 31%. En el caso específico de los bonos de Obligación General, el recorte real sería de solo 19%.
Según el estudio, por la inflación una persona jubilada recibe hoy $500 menos al mes de lo que necesitaría para sostener su nivel de vida básico. La situación se agrava en el renglón de salud, donde los seguros médicos han aumentado un casi un 50% por encima del índice general de precios.
El doctor Alameda añadió que la mayoría tiene una edad promedio de 74 años, por lo que enfrentan esta crisis sin posibilidad real de regresar al mercado laboral para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por casi dos décadas de pensiones congeladas.
“La pensión promedio anual de una persona jubilada del Gobierno Central es de apenas $12,238, una cantidad por debajo del umbral federal de pobreza de $15,440 establecido para el año 2025. Esto significa que más de 60,400 de pensionados viven con ingresos insuficientes para cubrir alimentos, medicamentos, vivienda, servicios básicos y cuidado médico”, añadió la Dra. Dahil Colón, economista y una de las investigadoras del estudio.
El informe analiza cuánto costaría hacerle un ajuste en el costo de vida y concluye que la Junta gastó cinco veces más en bonificaciones adicionales para acreedores que lo que costaría aprobar un ajuste por costo de vida para todas las personas pensionadas del gobierno.
“Para un pensionado, la inflación no es una estadística. Es menos comida en la nevera, menos medicinas en la mesa y más angustia a fin de mes. Congelar una pensión por 18 años es un recorte silencioso, cruel y permanente”, sostuvo la doctora Colón, profesora de economía en la UPR, Recinto de Mayagüez.
Las organizaciones reclamaron al Gobierno de Puerto Rico, a la Legislatura y a la Junta de Supervisión Fiscal que no es sostenible estos pagos extraordinarios a bonistas mientras recortan presupuesto para servicios esenciales y cuando el país no está mejor económicamente. También insisten se atiendan con urgencia la crisis de pobreza que enfrentan las personas pensionadas.
Finalmente exhortaron al pueblo a unirse a la jornada de actividades exigiendo la salida de la Junta incluyendo la manifestación A 10 años de PROMESA: Pa’ Fuera La Junta hoy a las 4:00 p.m. frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal para llevar sus reclamos.
Puede acceder al informe completo aquí: https://www.comisionauditoriapr.org/_files/ugd/6c1512_82434d6dcc70494d8b6a2223f95a76fa.pdf
