Por: Aracelys Otero Torres
Relacionista Lic R 53
El gobierno de Jenniffer González fracasó en garantizar al país acceso a agua potable y con ello llevó a la isla a un estancamiento en todos los renglones. Basta con mirar los medios de comunicación para validar que el servicio es interrumpido diariamente en diferentes pueblos de la isla mientras, en Hatillo y Morovis registran hasta meses sin acceso al servicio de agua potable que provee la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Esto tiene un efecto nefasto en la calidad de vida de los puertorriqueños y en el desarrollo del país.
Son los adultos mayores y encamados los más afectados con esta situación la cual pone de manifiesto la incapacidad del gobierno de cumplir con su responsabilidad. La gobernadora y su equipo de trabajo se contradicen en las respuestas que ofrecen de por qué la ausencia del servicio. Además, carecen de un plan concreto y transparente de fiscalización y utilización de los recursos fiscales. Alcaldes que militan bajo el mismo partido de la gobernadora la emprenden contra ella debido a la ineficiencia por parte de la AAA.
Esta ineficiencia le cuesta miles de dólares a las familias quienes lidian con presupuestos limitados debido al alto costo de vida. Familias que a diario se enfrentan al cuestionamiento sobre si comprar alimentos o medicamentos o si pagan la luz o el agua. Residencias con hasta dos cisternas, motores que se dañan a menudo debido al uso frecuente y la ansiedad que causa tener que realizar labores cotidianas sin agua son la orden del día. A esto se suman los costos y responsabilidades acogidas por los alcaldes y alcaldesas para mitigar el problema que ellos mismos describieron como “insostenible”.
Al escenario descrito se añade la realidad que experimentan los comerciantes quienes dependen del acceso al agua para operar. Restaurantes, salones de belleza, panaderías y numerosos negocios enfrentan pérdidas económicas debido a la falta del servicio. Algunos se ven obligados a reducir horarios, limitar servicios o incluso cerrar temporalmente sus puertas. Cada interrupción representa menos actividad económica, ingresos y oportunidades de empleo para las comunidades.
La falta de un sistema robusto de acceso al agua potable también limita la capacidad de Puerto Rico para atraer inversión y promover el desarrollo económico. Sectores estratégicos como la manufactura, la industria farmacéutica, la producción de alimentos y la tecnología requieren sistemas de infraestructura confiables para operar y crecer. Ninguna empresa puede planificar una expansión significativa en un entorno donde un servicio tan fundamental carece de estabilidad.
Puerto Rico reclama y merece un gobierno que tenga como prioridad servir y que garantice mejores oportunidades. La crisis de agua en Puerto Rico es el resultado de la incapacidad del gobierno de turno. El acceso confiable al servicio debe ser una prioridad gubernamental porque del mismo depende la salud pública, la actividad económica y la calidad de vida del pueblo. Los puertorriqueños merecen soluciones concretas, acciones inmediatas y un gobierno comprometido en atender una necesidad tan básica como indispensable para el país.