-
María de Lourdes Santiago Senadora del Partido Independentista Puertorriqueño
Algo hay que reconocerle al himno de los arrullos plácidos: su clara y colonial pertinencia aún en estos tiempos de inteligencia artificial y crisis climática. Nos enseñaron y hay quienes siguen cantando que, deslumbrado por la belleza de las playas del oeste, Cristóbal Colón, dijo “Oh” tres veces para luego exclamar: “¡Esta es la linda tierra que busco yo!”. Algo así pasó con los de Cabo Rojo Land Acquisition cuando avistaron el jardín florido donde pretenden establecer el megaproyecto Esencia, aderezado por el mágico primor de cientos de millones de dólares en incentivos. Esta es la linda tierra que ellos y muchos más codician y persiguen, en una de esas involuciones terribles a las que nos lleva la historia cuando el mal encuentra compinches bien colocados.
Los españoles descuartizaron a la hija del mar y el sol en encomiendas. Hoy, el gran capital extranjero se reparte la tierra en que he nacido yo en resorts, proyectos residenciales con precios que tienen más cifras que un billete de lotería y campos de golf en los que juegan criptocriaturas bajo cielos siempre nítidos. Su avanzada no la componen conquistadores aventureros, sino las estructuras políticas que mansamente han aceptado la tarea de desbrozar el terreno para los nuevos amos.
Mientras nos ocupan medidas como las “reformas de permisos”, ya llevan mucho camino andado. La impúdica incompetencia de jefes de agencias, en yunta con la asfixia fiscal de la Junta de Control ha erosionado gravemente las capacidades fiscalizadoras del Estado. La Fortaleza y las mayorías parlamentarias han hecho de felices escribanos, radicando, defendiendo y firmando medidas que operan como piezas del proyecto, anticipado hace años, del Puerto Rico sin puertorriqueñas. A petición de la industria de la construcción se aprobó la Ley 100 del 2025, para eliminar los topes de costo de lo que hasta entonces se conocía como vivienda de interés social. La Ley 111 del 2025 establece que si una agencia no somete comentarios ni recomendaciones en un proceso de solicitud de permiso en un término fijo se entenderá que da el visto bueno- y en todo caso, si emite opinión, lo que diga no será vinculante. La Ley 109 del 2025 le quita a la corteza terrestre, la arena y la grava su carácter de recursos naturales y los convierte en material de construcción bajo la jurisdicción de la OGPe, en una de las muchas iniciativas que minimizan el papel que por disposición constitucional tiene el Departamento de Recursos Naturales. La Ley 82 del 2026 disuelve las garantías de preservación que otorgaba la clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido, establece criterios en extremo limitantes para que una persona tenga la capacidad de interponer un recurso administrativo o judicial e impone una fianza del 10% del costo del proyecto cuya paralización se solicita. La capacidad de desproteger lo que le pertenece al pueblo opera como bálsamo reparador en el PNP: para aprobar esas medidas no hubo riñas ni tirantez porque de cualquier bando ven con absoluta nitidez los beneficios de congraciarse con los sectores que incentivan que la avaricia suplante a la ciencia en la planificación del país.
