Sierra Club de Puerto Rico exigió hoy al Gobierno de Puerto Rico cancelar el contrato con New Fortress Energy y detener cualquier expansión de infraestructura de gas natural licuado, luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a través de Genera, demandara a la empresa por incumplimiento de contrato.
“Este nuevo litigio solo nos reconfirma las preocupaciones que comunidades, expertos y organizaciones ambientales hemos expresado durante años sobre el funcionamiento de la empresa. New Fortress es tan mala que hasta la misma corporación pública tiene que demandar porque no puede cumplir con sus obligaciones hacia el Pueblo como resultado del incumplimiento craso de New Fortress del contrato. Llevamos años diciendo que New Fortress debe salir de Puerto Rico, que no se puede seguir permitiendo su operación”, expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Vázquez recordó que New Fortress acumula controversias regulatorias, ambientales, contractuales, financieras y ahora judiciales.
“Esto no es un incidente aislado. Es parte de un patrón. El Gobierno tiene que dejar de insistir en un modelo que concentra infraestructura crítica en una empresa que sigue levantando serias interrogantes sobre su cumplimiento, transparencia y confiabilidad”, añadió Vázquez.
Por su parte, la licenciada Zoé Negrón Comas destacó que la narrativa que surge de la Demanda demuestra que New Fortress no tiene interés alguno en cumplir sus obligaciones.
“No solo incumplió con sus contratos, tuvo la audacia de levantar la defensa de fuerza mayor para evitar las consecuencias. En Puerto Rico, donde eventos atmosféricos han generado verdaderos problemas de fuerza mayor, las alegaciones de New Fortress son una falta de respeto”, insistió.
Sierra Club advirtió que la controversia ocurre en momentos en que New Fortress Energy también ha impulsado una solicitud ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para dragar la Bahía de San Juan, con el fin de permitir el atraque permanente de embarcaciones de mayor tamaño y ampliar sus operaciones de gas. Para la organización, esta propuesta representa mucho más que una obra operacional, constituye una expansión permanente de la dependencia del país en combustibles fósiles.
“La Bahía de San Juan no puede evaluarse como si fuera simplemente un área de maniobra para una empresa privada. Es uno de los cuerpos de agua más importantes y sensibles de Puerto Rico. Cualquier propuesta para dragar, ampliar operaciones de gas o aumentar el movimiento de embarcaciones debe evaluarse con rigor científico, participación pública real y una mirada seria a sus impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la navegación, la seguridad pública, la salud y las comunidades cercanas”, sostuvo Vázquez.
La organización recordó que las preocupaciones sobre las operaciones de gas licuado en la Bahía de San Juan no son nuevas. Durante años, comunidades y grupos ambientales han levantado cuestionamientos sobre permisos, procesos regulatorios federales, evaluaciones ambientales, planes de emergencia, seguridad operacional e impactos sobre comunidades cercanas.
