La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Administración de Servicios Generales (ASG) firmaron un acuerdo colaborativo dirigido a ampliar el intercambio de información y fortalecer la detección de posibles irregularidades en contratos, subastas y compras gubernamentales. Así lo anunciaron hoy la contralora, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, junto a la administradora de la ASG, Karla G. Mercado Rivera.
“Continuamos fortaleciendo nuestras relaciones con otras entidades para cumplir cabalmente con nuestra misión. Por eso, tras participar en una mesa de trabajo junto a la Administradora de ASG, anunciamos hoy este acuerdo de entendimiento. A través del mismo, la Oficina de la Contralora obtendrá acceso, mediante una interfaz de programación de aplicaciones, a las bases de datos del Registro Único de Proveedores, el Registro Único de Licitadores, el Registro Único de Subastas y el sistema de órdenes de compra J.E.D.I. Esta conexión permitirá consultar, extraer y validar información en tiempo real, apoyando así las auditorías e investigaciones relacionadas con el uso de fondos públicos, explicó la Contralora.
A su vez, la administradora de la ASG detalló que “este memorando de entendimiento facilitará el que la información esté completa para poder realizar una fiscalización efectiva del manejo de fondos públicos a través de las contrataciones gubernamentales. Es nuestro compromiso rendir cuentas de cada centavo del cual gestionamos o fiscalizamos en estos procesos. Más allá del acceso a los sistemas también se provee para educación continua en procesos de contratación y los cambios que vayan ocurriendo en las regulaciones locales y federales”.
El convenio también dispone el intercambio inmediato de información sobre posibles violaciones a la Ley 73-2019, Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, así como la coordinación de investigaciones para evitar la duplicidad de esfuerzos. Las entidades acordaron, además, desarrollar adiestramientos conjuntos sobre fraude, auditoría forense digital, evidencia documental, compras gubernamentales y sanciones aplicables a suplidores o contratistas.
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