Hoy el jefe de la Fiscalía Federal, W. Stephen Muldrow ofreció detalles del arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y el ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, por alegada corrupción pública.
En conferencia de prensa, explicó que Pérez, fue acusado de solicitar y recibir sobornos de 5 mil dólares mensuales desde el año 2019 al 2021. El pago era a cambio de que el alcalde le otorgara un contrato a la empresa de construcción Island Builders y procurara por el pago a tiempo de los servicios.
A preguntas de la prensa de la diferencia de las personas que graban a otra vs a que se entreguen que la cantidad de años es menor por haber cooperado Muldrow indicó que la mentalidad de chota tiene que cambiar.
“Esa mentalidad de chota, eso tiene que cambiar, si el pueblo quiere cambiar su país”, dijo Muldrow sobre los cooperadores con las autoridades federales. Dijo que ahora es el momento de las personas que tengan información acudan donde ellos.
Muldrow, senaló que Pérez recibía $5,000 en efectivo mensualmente para garantizar contratos y agilizar pagos de los contratistas involucrados. No obstante, señaló que en un momento el alcalde detuvo el recibo de los pagos cuando surgieron acusaciones contra funcionarios electos de la Cámara de Representantes. “No puedo precisar cuántos meses se detuvo el recibo de dinero, pero no duró mucho”, afirmó el jefe de la Fiscalía Federal“A los funcionarios que se alejan de la ley, sepan que serán investigados, procesados y sometidos a la pena que corresponda por sus actos. Exhortamos que nos comuniquen. Pueden llamar al FBI 787-987-6500. Las investigaciones continúan”, añadió Muldrow.
Asimismo, rechazó que sean casos de entrampamiento como han insinuado varios abogados dijo “estos no son casos de entrampamiento. Punto”, sostuvo.
Las agencias federales arrestaron también, al ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, acusado de recibir comisiones ilegales de .75 centavos por el servicio de recogido de desperdicios sólidos a 23,000 residencias, el total de la comisión ilegal ascendía a $17,250. Además, habría recibido un pago adelantado de $200,000.