Radican querella ética contra el gobernador Pierluisi 

 

Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Jose “Cheito” Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Burgos, Jorge Alfredo Rivera Segarra y Sol Higgins anunciaron hoy la presentación de una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra el Gobernador Pedro Pierluisi, por violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Los señalamientos de los legisladores se refieren a la difusión con fondos y recursos públicos de un mensaje del Gobernador con evidente contenido político.

El pasado miércoles 8 de febrero de 2023, a las cinco de la tarde, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, emitió un mensaje al país, el cual denominó “Puerto Rico, Presente y Futuro”.  Este mensaje fue emitido desde las páginas de redes sociales oficiales de La Fortaleza.  Dichas cuentas de redes sociales son manejadas por funcionarios públicos, por lo que no hay duda de que, siendo activos del gobierno de Puerto Rico, son bienes o propiedades públicas. Además de su publicación por las redes sociales, el mensaje fue enviado a miles de servidores públicos, a través de sus cuentas de correo electrónico oficiales.

“Lo que resultó novel, fue la denuncia pública en el envío del mensaje del Querellado a través de correos electrónicos oficiales de empleados públicos de las diferentes agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado.  Esto incluyó a todos los empleados que representan a los diferentes partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Este acto sin precedentes lacera la imagen del gobierno, toda vez que se utilizan propiedad y fondos públicos para divulgar un mensaje para ensalzar la imagen del Gobernador, mediante el autobombo, sin contenido público alguno”, lee parte de la querella.

En el video del que trata esta querella, se distinguen los siguientes mensajes en la voz e imagen del Querellado Pierluisi Urrutia, desde La Fortaleza, para adelantar sus intereses políticos-partidistas:

  1. Como parte de su mensaje, repite el estribillo político con el que principalmente se ha identificado el Partido Nuevo Progresista, como defensor de la estadidad: “… y queremos igualdad, las mismas oportunidades para cada ciudadana y ciudadano de nuestra tierra.”

  1. Previo a enumerar sus logros, el Querellado expresa lo siguiente:

“… Esos son los objetivos que me motivan a mí y a mi equipo a trabajar incansablemente por ti y los tuyos todos los días.  Tenemos mucho trabajo por delante.  Y lograr crear ese Puerto Rico que todos queremos, tiene que ser nuestro enfoque.  Al mismo tiempo, como pueblo, tenemos que reconocer todo lo que hemos avanzado. Los obstáculos que hemos vencido. Y los logros que hemos obtenido”.

“Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político”, especifica la Ley de Ética Gubernamental en su artículo 4.2.

“Los hechos discutidos en la presente Querella configuran una violación de parte del Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Con toda probabilidad, el mensaje publicado, conllevó una preparación, producción y utilización de diversos funcionarios de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, así como de recursos externos que pueden ser agencias de publicidad.  Todo ello representativo de utilización de recursos y fondos públicos ilegítimamente”, sentenció Jesús Manuel Ortiz.

Por su parte, el ex secretario del PPD y representante Ramón Luis Cruz Burgos, expresó que “En la mañana de hoy, hemos denunciado el uso de la propiedad y fondos públicos de parte del Gobernador Pedro Pierluisi para fines político partidista.  Aquí, nadie puede llamarse a engaño.  El mensaje del Gobernador, se enmarca en las circunstancias reales de que pueda ser retado en el ciclo electoral que comienza en diciembre de este mismo año con la radicación de candidaturas.  Su mensaje, es una respuesta a esa amenaza primarista.  Ese mensaje carece de contenido público por lo que, en momentos de estrechez económica del gobierno y mientras se restringen los servicios, es irresponsable derrochar los fondos públicos de esa manera”.

Ante estos actos, el representante Rivera Madera denunció que “resulta escandaloso que el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, utilice los recursos del Gobierno para tratar de parar la hemorragia de correligionarios que están emigrando de partido o buscando nuevas opciones dentro del PNP. Una cosa es el descargue de sus funciones gubernamentales y otra muy diferente es utilizar el gobierno para hacer política. Esta es una práctica que no se debe repetir, comunicar el trabajo está bien, politiquear no”, expresó.

Además, el representante por el distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra indicó que “Estamos ante una actitud muy peligrosa de un gobernante, para adelantar su agenda partidista usando todo su poder. Esta situación no se puede pasar por alto y menos pensar que “eso lo hacen todos” porque no es así.  El País está ante un gobernante con actitudes que no podemos minimizar e ignorar, sus poderes tienen límites y es por eso que hoy lo estamos denunciando a nombre de cientos de empleados públicos que se sintieron indignados ante tal desfachatez. No podemos continuar aceptando la impunidad ante este patrón del PNP. La invitación es continuar denunciando todo tipo de acto que viole la ley que en nosotros tendrá una voz de respaldo hasta las últimas consecuencias”.

Por último, el también aspirante a presidir el PPD señaló “En protección del interés público, la Oficina de Etica Gubernamental debe de inmediato iniciar la investigación correspondiente y procesar a los funcionarios implicados en la producción, difusión y distribución del mensaje de corte político en lo que constituye un uso indebido de fondos públicos y por ende una clara violación de ley”.

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