Durante los trabajos de la sesión ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 204, medida de administración presentada por la delegación novoprogresista, que propone conmemorar el Semiquincentenario de los Estados Unidos de América y solicitar al Presidente y al Congreso la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, expresó que “La Resolución Conjunta del Senado 204 no constituye la primera expresión legislativa sobre este asunto. La primera fue la Resolución Concurrente del Senado 1, aprobada por este cuerpo el primer día de sesión y posteriormente por la Cámara de Representantes, en febrero. Esa medida también fue remitida a los foros correspondientes para reclamar la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión… Cada defensor de una opción de estatus hará lo que le corresponda para adelantar su causa. Así lo hicieron Luis A. Ferré, Carlos Romero Barceló y los gobernadores y líderes del Partido Nuevo Progresista, quienes, de una forma u otra, han impulsado la estadidad para Puerto Rico. Hoy somos el movimiento ideológico más fuerte y numeroso de Puerto Rico”.
En un turno, el portavoz de la mayoría Gregorio Matías Rosario, se manifestó a favor indicando que “el Partido Nuevo Progresista le ha prometido progreso al pueblo puertorriqueño y luchar sin descanso para que todos puedan prosperar. También hemos asumido el compromiso de lograr que nuestra gente regrese. Queremos que los 6.2 millones de puertorriqueños que viven fuera de la Isla encuentren oportunidades para volver, y la manera de lograrlo es convirtiéndonos en parte de la nación como el estado 51. La principal causa de nuestra separación y desigualdad es la indigna condición colonial de Puerto Rico”.
Asimismo, el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, mostró su apoyo a la medida. “Nuestros jóvenes han servido en todos los conflictos bélicos: 48,000 puertorriqueños sirvieron en Vietnam, 10,000 en Irak y Afganistán. Sin embargo, no podemos votar por el presidente ni contamos con senadores o representantes con voto en el Congreso, donde se decide cómo se utiliza nuestro dinero… Hoy Puerto Rico carece de esa representación en el ámbito federal. Con la estadidad corregimos 127 años de desigualdad y logramos que un voto en San Juan valga lo mismo que uno en Seattle”.
Igualmente, se expresó a favor el senador de mayoría Ángel Toledo López. “Esta es la opinión mayoritaria del pueblo puertorriqueño, que en cuatro consultas democráticas, abiertas y públicas ha expresado que quiere la estadidad para Puerto Rico. No se trata únicamente de la mayoría parlamentaria de este Senado, que es estadista hasta el tuétano, sino de los puertorriqueños y puertorriqueñas que representamos y que, reiteradamente, han escogido la estadidad”.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, expresó que “han habido varios eventos electorales donde la expresión del pueblo ha sido a favor mayoritariamente sobre la estadidad, eso está latente. Aquí lo que estamos haciendo valer es lo que le corresponde a cualquier ciudadano, no de tercera o cuarta clase, de primera clase, como somos nosotros, para que se nos trate de igual a igual”.
De la misma forma, se expresó la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú. “Aunque el Partido Nuevo Progresista cuenta con una amplia mayoría legislativa, reafirmar nuestro compromiso y promover la discusión sobre la estadidad para Puerto Rico forma parte de nuestra plataforma de gobierno. Esta expresión legislativa también es histórica”.
De otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 811 en su segundo informe de la senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino. La medida moderniza la Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA, que activa alertas ante la desaparición de mujeres de 18 años o más en Puerto Rico. El proyecto dispone plazos específicos y una alerta preliminar para su activación. Además, incorpora herramientas tecnológicas en coordinación con Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), reestructura el Comité Coordinador del Plan y crea un Registro Central de Casos. También, establece una campaña educativa permanente y un programa anual de capacitación para el personal policial y de seguridad pública.
Igualmente, de administración se aprobó el Proyecto del Senado 1286 que concede incentivos contributivos a determinados empleados del Gobierno de Estados Unidos trasladados oficialmente para prestar servicios al Gobierno de Puerto Rico. La legislación busca fomentar su permanencia en la Isla y fortalecer el reclutamiento y la retención de personal especializado, sujeto al cumplimiento de sus responsabilidades contributivas.
Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 1197 del senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que dispone la planificación de un Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico. Un comité intergubernamental evaluará la viabilidad fiscal y operacional del sistema, sus fuentes de financiamiento, la capacidad de almacenamiento, la rotación del inventario y los protocolos de activación y distribución. La legislación también incorpora salvaguardas para los terrenos agrícolas y las propiedades públicas.
También, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1213 de la senadora de mayoría Jamie Barlucea Rodríguez, para incluir en la Carta de Derechos de los Adultos Mayores el acceso a talleres sobre avances tecnológicos y seguridad digital. La iniciativa procura que esta población pueda utilizar servicios digitales con mayor seguridad y desarrollar las destrezas necesarias para permanecer o reincorporarse al mercado laboral. La medida sostiene que la educación continua y la capacitación tecnológica deben entenderse como una inversión pública en autonomía, prevención, inclusión y desarrollo económico.
En materia de infraestructura vial, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 178 de Barlucea Rodríguez. La medida ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación reparar el tramo correspondiente de la carretera PR-332 en Guánica, así como evaluar y priorizar las obras necesarias en las carreteras PR-116 y PR-325 e identificar los fondos para realizarlas.
