El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) y la Mesa Social se reunieron el día de hoy con el asesor del gobernador Yamil J. Ayala Cruz, Asesor en Asuntos Laborales, y Carlos Yamin Rivera, Secretario Auxiliar de Asuntos Estatales, para discutir asuntos pertinentes al magisterio y la educación.
Hicimos el reclamo de justicia salarial para los docentes. Los maestros y maestras no reciben aumentos al salario base desde el 2008. Presentamos la necesidad de aumentar ese salario base a $4,000 mensuales en sinfonía con educadores en EEUU quienes promedian el mismo. Tocamos la necesidad de no extender la Ley 3 de 2017 que mantiene congelado el pago de la carrera magisterial, los pasos por mérito y diferencial por la obtención de grado a los educadores. El reclamo de justicia salarial incluye al personal transitorio donde exigimos que se pague a estos el aumento de $125 mensuales retroactivo a agosto de 2018, como ordenó el tribunal en un aso presentado por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
Se discutió la urgencia de dar paso a los proyectos de la cámara 119 y 120 que garantizan las pensiones a los empleados del gobierno central, educación y la legislatura. Este prohíbe cualquier recorte a las pensiones que se mantendrán con un beneficio definido a todos los jubilados y jubiladas. Igual garantiza los beneficios definidos actuales de trabajadores activos al momento de su jubilación.
Planteamos que la Ley 85 de supuesta reforma educativa no recoge los reclamos de las comunidades escolares, por lo que es urgente que se diseñe un nuevo estatuto que garantice la autonomía escolar, un currículo integral que permita la formación plena de los estudiantes y la autonomía docente. La Ley 85 vigente fue diseñada para el cierre de escuelas y la privatización.
Presentamos la necesidad de canalizar los fondos asignados por FEMA para rehabilitar las escuelas dañadas por el huracán María y los terremotos. Esto debe incluir rehabilitar y reabrir las escuelas cerradas por Keleher para que sirvan a sus comunidades.
Sobre el reinicio escolar sostuvimos que las escuelas deben abrirse a las clases presenciales solo cuando sea seguro. Discutimos los diversos protocolos de seguridad, logística y la atención a los estudiantes con diversidad funcional. Destacamos la situación y necesidades de apoyo emocional que necesitan los niños y jóvenes y otros componentes de la comunidad escolar.
Presentamos recomendaciones para enmendar el protocolo de salud. No es seguro abrir las escuelas cuando existe un nivel de positividad mayor al 5%. La mayoría de los municipios del país superan esta taza da positividad.
No es el momento de abrir escuelas. Ahora es el momento de acondicionar, equipar y reparar los planteles, especialmente en el sur que fue afectado por los eventos sísmicos del pasado año.
Señalamos la necesidad de contratar maestros sustitutos que puedan suplir cuando ocurran ausencias y personal docente adicional para ofrecer las clases virtuales que serán necesarias para los niños cuyos padres opten por no enviarlos a las clases presenciales. La educación publica para todos y todas es un derecho constitucional que tiene que ser honrado.
El gobierno debe emitir un protocolo para el Teletrabajo para garantizar que todo trabajador, que el o un familiar tenga condiciones de salud apremiantes vulnerables al COVID, puedan mantenerse trabajando a distancia sin riesgo para sus vidas y salud.
Los asesores de Fortaleza se comprometieron a llevar los puntos discutidos al gobernador Pedro Pierluisi. Daremos seguimiento para conocer la respuesta del primer mandatario a nuestras demandas.
La Mesa Social y el FADEP continuarán presentando propuestas al gobierno y al país, pues somos parte de la solución de los asuntos que afectan a nuestra educación. El gobierno no puede diseñar protocolos y procedimientos sin la participación y colaboración de los sectores afectados.
