La Comisión de los Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que preside el portavoz de la mayoría en el Senado, el senador Gregorio Matías Rosario evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara 600, que propone permitir que miembros de la Policía de Puerto Rico y del Negociado del Cuerpo de Bomberos puedan extender voluntariamente su permanencia en el servicio activo hasta los 66 años de edad.
La pieza legislativa, enmienda el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, para disponer que los integrantes de ambos cuerpos que opten por continuar en funciones deberán someterse a evaluaciones médicas cada dos años y pruebas de aptitud física anualmente, como mecanismo para garantizar que se mantienen en condiciones óptimas para desempeñar sus responsabilidades. Asimismo, establece que el retiro será obligatorio en caso de no aprobar dichas evaluaciones.
El proyecto también establece que todo miembro de la Policía o del Negociado del Cuerpo de Bomberos deberá notificar con antelación su intención de acogerse al retiro o continuar en el servicio activo de forma voluntaria. Según la medida, la persona que se acoja a extender su permanencia, se le asignaría un puesto administrativo.
“El policía después que se pone un uniforme, nadie puede garantizarle dónde va a estar trabajando. Yo puedo trabajar en el segundo piso de un cuartel en administración. Si hay una pelea abajo, yo tengo que trabajar como policía. Si hay un tiroteo cerca, yo estoy trabajando como policía. Esta ley no enmienda lo que dice el Código Penal. Una omisión al cumplimiento del deber es delito grave. Si ese policía está en administración y hay una situación donde tiene que usar la fuerza, predicar o esa forma de fuerza, y no va, tiene un delito grave en su disciplina”, expresó el senador Matías Rosario en contra del proyecto cameral.
Durante la audiencia pública representantes de la Policía de Puerto Rico y del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, expresaron reservas sobre la viabilidad operacional y administrativa de la propuesta.
El licenciado José Vázquez, en representación de la Policía de Puerto Rico reconoció que la medida persigue “un fin legítimo al procurar retener personal con experiencia dentro de las agencias de seguridad pública”, pero sostuvo que la propuesta “no resulta operacionalmente viable, es administrativamente onerosa y no responde a la realidad actual del recurso humano”. Además, advirtió que muchos agentes asignados a funciones operacionales enfrentan un alto desgaste físico y emocional debido a la naturaleza del trabajo, por lo que el sistema debe facilitar “una transición ordenada hacia el retiro una vez el agente ha completado su ciclo de servicio”.
De igual forma, el licenciado Vázquez señaló que la medida podría generar retrasos administrativos relacionados con evaluaciones médicas y procesos del Sistema de Retiro, además de limitar oportunidades de ascenso y afectar el relevo generacional dentro de la agencia. También indicó que la extensión en años de servicio no necesariamente representa mejoras sustanciales en los beneficios de retiro debido a que los cómputos de pensión permanecen congelados desde el 2013.
Por su parte, el inspector y licenciado Eduardo Ramos del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico sostuvo que las funciones de los bomberos requieren “una condición física óptima, alta resistencia y capacidad de respuesta inmediata”, debido a la exposición constante a incendios, rescates, sustancias peligrosas y escenarios de alto riesgo. Ramos planteó que los miembros del Negociado están expuestos durante sus carreras a problemas respiratorios, lesiones físicas y desgaste emocional producto de la naturaleza del trabajo.
A su vez, expresó oposición a la medida al entender que “es contraria a la realidad operacional del servicio de bomberos, peligrosa para la seguridad pública y perjudicial para el desarrollo institucional del Negociado”. De igual forma, advirtió que extender la edad de retiro podría afectar el reclutamiento y el relevo generacional dentro del cuerpo de bomberos, así como aumentar riesgos de fatiga extrema y emergencias cardiovasculares durante operaciones de rescate.
El capitán retirado Oscar Rodríguez del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) argumentó que el propósito del esfuerzo legislativo crearía una policía envejecida, mientras sostuvo que las pruebas médicas y físicas que contempla el proyecto de ley no representaría realmente el estrés que un policía vive en la calle cuando se enfrenta a una situación de riesgo. Asimismo, el presidente de la Asociación de Policías Organizados, el inspector José González, expresó que no entiende el propósito de la medida que catalogó como “un invento de barbarie”.
