A casi cuatro años de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitiera una sentencia a favor de El Puente Puerto Rico para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) actualizara y publicara el Inventario de gases de efecto invernadero, dicha agencia aún no ha cumplido con el mandato del tribunal.
El Artículo 10 de la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019) requiere que el DRNA actualice y publique anualmente este Inventario. Sin embargo, la agencia no actualiza ni publica este documento desde el año 2021.
En noviembre de 2023, durante una vista de seguimiento celebrada por el tribunal de San Juan, el DRNA informó que dicho documento estaría financiado hasta el 2026 por una subvención de la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés), y que tras preparar unos planes requeridos por la EPA “procedería a actualizar y publicar el Inventario”. El tribunal confió en lo notificado por el DRNA, y determinó no continuar celebrando vistas de seguimiento.

Pero tras más de un año sin tener información sobre la actualización y publicación del Inventario, en noviembre de 2025, El Puente Puerto Rico solicitó a la agencia, a través de correo electrónico, que cumpliera con la sentencia. Debido a que nunca se recibió respuesta, la organización le informó al tribunal del incumplimiento de la sentencia por parte del DRNA. A raíz de ello, dicho foro le ordenó a la agencia a cumplir inmediatamente.
Aún así, la agencia no ha entregado ningún documento, por lo que en la vista de seguimiento, el pasado 18 de agosto, y debido a un patrón de incumplimiento, el tribunal le requirió al DRNA la radicación de mociones informativas mensuales y señaló una vista de seguimiento para el 28 de octubre de 2026.
La agencia informó durante la vista que ya firmó contrato con una compañía para que preparara el Inventario de los años 2022, 2023 y 2024. No obstante, no se incluyó el año 2025, crítico para saber si se cumplió con la meta establecida en la Ley 33, de reducir en un 50% los gases de los niveles de 2005.
“Nuevamente somos testigos del patrón de incumplimiento de este gobierno en cuanto a los asuntos relacionados a la Ley-33. Por un lado, tienen paralizada la aprobación e implementación del PMARCC (Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencias contra el Cambio Climático) en la legislatura y se niegan a llenar las vacantes del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático y, por el otro, continúan dilatando la publicación del inventario anual de gases de efecto invernadero por parte del DRNA”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, quien enumeró las decisiones contrarias a la protección al ambiente que ha tomado el gobierno.

Mencionó, entre ellas, la eliminación de las metas intermedias de energía renovable, la extensión del contrato a la carbonera AES y las enmiendas para debilitar las protecciones ambientales y facilitar la obtención de permisos de megaproyectos de lujo costeros, como Esencia y Moncayo.
“Este gobierno ya ha demostrado que no les importa proteger al pueblo de los efectos del cambio climático, aun cuando fueron ellos mismos los autores de la mencionada ley. Ahora queda claro que tampoco tienen la intención de cumplir con las disposiciones de ley a las que están obligados”, agregó Cintrón Moscoso.
El director de El Puente Puerto Rico recordó que el último informe que se realizó en 2023, advertía que si no se tomaban medidas urgentes para eliminar los gases de efecto invernadero, no se podría alcanzar la meta de reducir el 50% de los niveles de dióxido de carbono de 2005.
“Está claro que desde la publicación de este informe, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha seguido expandiendo el uso de hidrocarburos, como el gas metano y el carbón, aún pese al fracaso de las privatizaciones y los entuertos contractuales con empresas poco confiables. Nos preguntamos si esa es la razón por la que no quieren publicar los inventarios más recientes, sobre todo el de 2025. ¿Será que temen quedar en evidencia?”, cuestionó.
El Puente Puerto Rico reiteró que el Inventario de Gases de Efecto Invernadero es una herramienta esencial para la planificación climática, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones establecidas por ley.

